Se trata del director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres, del diputado Sergio Moya y de Frixo Messina, este último designado por el presidente Luis Abinader como viceministro de Hacienda a principios de su gestión.
Los tres con un común denominador: pese a estar señalados como parte de la estructura fraudulenta que cobró altas sumas millonarias por expropiación de terrenos y por cobros a negocios de apuestas ilegales, aún no se les ha requeridos por el Ministerio Público en la operación Calamar.
En concreto, según el expediente, Mérido Torres, recibió 32 millones de pesos por la expropiación de un terreno en Boca Chica, por el cual el Estado pagó en total la suma mil doscientos 88 millones 365 mil 750 pesos. De esa cantidad también se beneficiaron otras 17 personas y empresas, incluido el abogado Ángel Lockward.
