Inicialmente, se había reportado la destrucción de tres comercios, pero se ha confirmado que un total de 68 establecimientos sufrieron daños en diferentes niveles. Las ayudas del gobierno ya están llegando a la región, luego de una intensa labor de recopilación y organización.
Un total de 32 personas perdieron la vida y hubo más de 59 heridos. Sin embargo, solo un pequeño grupo de estas personas ha sido identificado hasta el momento.
Dada la complejidad de la situación, se estima que la identificación de las restantes podría llevar hasta seis meses.
Esto ha generado preocupación y descontento entre los familiares de las víctimas, aunque es necesario llevar a cabo procedimientos rigurosos para garantizar la correcta identificación.
Las investigaciones sobre las causas de la explosión están en curso, y aunque se ha mencionado la posibilidad de la pólvora de una armería como causa, el Ministerio Público está inclinándose hacia la recicladora de plástico llamada Vidal Plast.
Aparentemente, esta recicladora estaba inoperativa desde hacía meses debido a un incendio anterior, pero los responsables no tomaron medidas a pesar del riesgo evidente.
El propietario de la recicladora, Edward Vidal, y su esposa Maribel, que figura como gestora de la empresa, están siendo investigados.
Curiosamente, Edward Vidal es funcionario del gobierno y forma parte del Gabinete de Política Social como asistente ejecutivo del despacho del coordinador. Esta situación plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y responsabilidades en el trágico incidente.
