Indicó que la acción se llevó a cabo por orden de Andrade Gutiérrez, como contratista del PMG, con el aval de la dirección del INDRHI, como representante contractual del gobierno, para limpiar el fondo de lo que será el vaso de la presa y comenzar su llenado con el cierre de las compuertas de fondo en la pantalla de presa.
Manifestó que las tierras, los conucos y las siembras son de las familias del poblado Monte Grande y comunidades vecinas.
Sostuvo que se mandaron a destruir sin una previa tasación del costo de las mejoras y siembras allí existentes, y sin hacer ningún acuerdo con sus propietarios.
Esteban Ferreras resaltó que todo esto encima de que el gobierno no ha honrado sus compromisos contraídos con las familias desalojadas de las comunidades de Monte Grande, los Güiros, San Simón y Hato Nuevo del Rey, ni de asentarlos en un proyecto agrario bajo responsabilidad del IAF y otorgarles sendas parcelas de la 10 tareas ahí en Monte Grande, con riego presurizado.
Dijo que el gobierno tampoco ha cumplido el compromiso de indemnizar a los desalojados por la destrucción de sus conucos, cosechas y mejoras, razón por la que les adeuda más de lo 300 millones de pesos.
Destacó que los afectados están desarrollando un programa de actividades en reclamo al gobierno para que cumpla esos compromisos antes del plazo fijado para inaugurar el muro de la presa, sin cuyo cumplimiento, aseguran, no permitirán tal inauguración.
