No obstante el desenlace que tuvo el expediente de Bahía de las Águilas, cuando un grupo de políticos aliados con empresarios y autoridades corruptas pretendieron apoderarse de esas hermosas playas de la región sur del país, ahora sale a la palestra un intento similar de fraude contra los bienes del Estado.
Varios individuos con antecedentes fraudulentos en materia de tierra, entre quienes figura Tomás Dante-Catillo Soto, exigen una compensación superior a 100 mil millones de pesos al Estado por la supuesta propiedad del 70 por ciento de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
De manera temeraria, los demandantes han logrado dos sentencias favorables del Tribunal Superior Administrativo que debió considerar inadmisible la demanda partiendo de que las mismas datan del 1994, once años después de la declaración del área en el 1983 como Parque Nacional.
Gracias a la denuncia de la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas, la Academia de Ciencias, la UASD, el Grupo Jaragua, la Fundación Acción Verde y otras entidades de la sociedad civil, el tema fue expuesto ante la opinión pública en rueda de prensa donde sirvieron de voceros Luis Carvajal y Eleuterio Martínez.
Confiamos en que la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Medio Ambiente, junto a las entidades señaladas, actuarán en el caso procurando un castigo ejemplar a los depredadores de los bienes del Estado junto a sus cómplices en el Tribunal Superior Administrativo y en el Registro de Títulos.
