Máximo Hernández, uno de los abogados de la Dirección Jurídica del MMARN, explicó que el caso tiene mucha similitud al de Bahía de las Águilas, ya que el Estado dominicano busca que los tribunales anulen las sucesivas y posteriores transferencias inmobiliarias que se realizaron en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco con posterioridad a su declaratoria de área protegida, contrariando el marco jurídico.
Hernández habló con los periodistas que lo abordaron luego de que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) prorrogara el conocimiento de las audiencias sobre dos demandas en justiprecio, atendiendo a que la secretaría del tribunal debía notificar a la Procuraduría General Administrativa y, atendiendo a que el Grupo Jaragua y Acción Verde solicitaron, a través de su abogado Nelson Pimentel, la incorporación al proceso. Los ambientalistas se acogieron a la figura de la intervención voluntaria, por tratarse de un derecho fundamental de interés colectivo.
Los jueces Úrsula Carrasco Márquez, María Guillermina Calderón Abreu y Willys de Jesús Núñez, fijaron la próxima audiencia para el 22 de marzo, a las 9:00 de la mañana.
Por el Ministerio Público estuvieron presentes, Luis Hernán Matos, de la Procuraduría General de la República, y Mayra Henríquez, de la Procuraduría General Administrativa.
