Tomado de Panorama.com.do
Ni vivos, ni muertos… ¿alguien responde por los “perdidos’’?
Han pasado 11 meses desde la última vez que José Vittini, de 27 años, tuvo contacto con su familia. Desapareció el 18 de marzo de 2024, y al día siguiente, su vehículo alquilado fue encontrado incendiado en el sector “Las Flores”, en Higueral, La Romana. Desde entonces, su familia y amigos han buscado incansablemente cualquier pista que los conduzca a él, pero hasta ahora no han hallado rastro alguno.
Después de 9 meses, tampoco hay pistas sobre el paradero de Alcibíades Portes, un hombre de 81 años que padece Alzheimer, y se ha convertido en otro doloroso caso de la creciente lista de personas desaparecidas en la República Dominicana. Fue visto por última vez el 28 de junio de 2024. Desde entonces, parece que se lo tragó la tierra.
El niño Luis Ángel González Méndez jugaba plácidamente junto a sus dos hermanos la mañana del 6 de febrero de 2022, en su natal Barahona. De repente, fue montado a la fuerza en un vehículo, y casi tres años después, se desconoce su paradero. Su madre, angustiada, sigue clamando ayuda para dar con el paradero de su hijo. Apela a la justicia. Los culpables siguen libres. Las autoridades guardan silencio.
Y así, como los testimonios presentados, suman miles los casos de dominicanos que, en medio del dolor y la angustia, mantienen la esperanza en aquellos que anhelan un reencuentro con sus seres queridos.
Pocas cosas son tan angustiantes como la tragedia de perder a un familiar en circunstancias que nunca llegan a esclarecerse. La agonía es terrible. Ir por las calles con la adrenalina por los cielos y el corazón agitado hasta el infarto, perder la concentración, el sueño, el valor de todo lo que le rodea, y la crueldad de dejar a la imaginación el destino de un ser querido.
Las cifras de personas desaparecidas son alarmantes a escala global. Cualquiera, sin importar sexo, edad, clase social o religión, puede ser víctima. En República Dominicana, la ola perturbadora de desapariciones de los últimos años ha devenido en un problema social, como la falta de empleos, seguridad pública y de educación. Está presente en todos los conglomerados humanos.
Es un fenómeno grave que puede involucrar crímenes, violencia y los desmanes de la ilegalidad, amenazando la existencia del individuo y la estabilidad de sus familiares, de la que no está exenta, incluso, la ausencia voluntaria en la que la persona en cuestión enfrenta algún conflicto que le empuja a abandonar su entorno.
Cada caso es un mundo aparte: los que son asesinados, los secuestrados para luego pedir rescate, los que se pierden y por cualquier razón no pueden regresar, los que deciden cambiar de vida sin dejar rastro, entre otras razones. El robo de menores es una de esas variables, en la que interviene gente sin escrúpulos.
Una seguridad ciudadana “cantinflesca’’
El tráfico de niños, niñas y adolescentes es un mal en aumento en América Latina, donde hay mucha pobreza y pocas políticas de seguridad ciudadana. Países donde el Estado, como custodio del bienestar ciudadano, no pasa de ser una “cantinflada’’. A pesar de los intentos de adecentamiento del sistema judicial y policial, República Dominicana no es la excepción de la regla en cuanto a lo que ocurre en muchos países de la región. La desconfianza histórica respecto del sistema de justicia, los agentes policiales y las instituciones públicas, es una actitud bien fundada cuando la demagogia se impone.
Es un desamparo oficial que sirve de caldo de cultivo para muchos males, y el fenómeno de los “desaparecidos’’ no está exento de ello. Mientras, el drama toca a decenas de familias dominicanas que, en un abrir y cerrar de ojos, protagonizan una pesadilla que parece no tener fin. En medio de la desesperación acuden a la policía para darse cuenta de que en este país nadie responde por los “perdidos’’.
Evelyn Abreu, periodista y fundadora de la Asociación de Familiares Desaparecidos en la República Dominicana (Asodofade), iniciativa hija del dolor de la desaparición de su madre y abuelo, está convencida de ello.
“El seguimiento de los casos recae fundamentalmente en la familia, que debe permanentemente estar encima del Departamento de Desaparecidos de la Policía y el Ministerio Público. Con ambas instituciones, los familiares deben estar atentos a que los casos no se archiven, y son los parientes los que deben realizar visitas permanentes para dar seguimiento a los mismos. Son procesos desgastantes’’.
Manuel María Mercedes, director de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), va más lejos. Asegura que ni el Departamento de Desaparecidos de la Policía ni ninguna otra entidad ofrece acompañamiento a familiares de los desaparecidos en ningún sentido. “Simplemente se hace la denuncia, inicia una búsqueda, y si los familiares no están atentos, los casos, simplemente van a parar al zafacón del olvido’’.
Tampoco existen programas de seguimiento al tema de las desapariciones, desde ninguna otra entidad oficial.
¿Hablar de ausentes o desaparecidos?
El ausente, distinto del desaparecido se distingue por la incertidumbre que reina sobre su existencia. Según el Código Civil adoptado de Francia, en el primer caso, la persona se presume con vida. En cambio, se consideran desaparecidos aquellos que no están presentes y donde los hechos apuntan a una posible muerte.
En el siglo XVIII, el Código estipulaba una espera de 100 años para la declaración formal de ausencia; hoy puede hacerse después de cinco años de las últimas noticias. Es decir, la persona sigue manteniendo su situación familiar, sus bienes estarán protegidos durante 30 años, cosa que no ocurre en los casos de desaparición, donde la muerte puede ser declarada en un tiempo relativamente breve.
La llamada desaparición forzosa responde a aquella donde han actuado manos criminales, que desplazan de su hábitat a una persona por contradicciones ideológicas. Esto es muy común en gobiernos dictatoriales. Pedro José Duarte Canaán, abogado, asegura a Panorama que en República Dominicana las desapariciones forzadas resultan ínfimas en los cuadros estadísticos que se exhiben.
Durante el régimen de Trujillo desaparecieron cerca de 25 mil dominicanos. En los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer, se reeditó esa práctica criminal con decenas de desaparecidos de manera forzosa. Todavía no se sabe qué pasó con Henry Segarra Santos. Tampoco con Narciso González (Narcisazo).
Vale recordar que la Organización de los Estados Americanos (OEA), formuló en 1994 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que el Estado dominicano ratificó. La pieza tipifica el hecho como un crimen de “lesa humanidad’’.
La aplicación de esas disposiciones se extiende a cualquier modalidad de desaparición: “La Convención y los principios del Derecho obligan a las autoridades a crear los mecanismos pertinentes para articular la investigación y dar respuesta a esos ciudadanos’’.
Nada más lejos de lo que ocurre en la práctica, pues son muchas las familias que se quejan del silencio de las autoridades respecto a la suerte que ha corrido su pariente.
El abogado Duarte Canaán refiere que el fenómeno de la desaparición de personas incrementa a una velocidad agigantada, creando situaciones de profunda inestabilidad en los Estados que la padecen. “En el caso de República Dominicana, las causas pueden resultar disímiles. La provincia Santo Domingo, por ejemplo, es la más afectada. Un 46% del total de los desaparecidos pertenecen a esta demarcación territorial, con un rango de edad entre 19- 39 años’’.
“En nuestro país las personas que pertenecen al tejido social con tendencia a la vulnerabilidad resultan ser las más afectadas y las que reciben menos atención de parte de las autoridades encargadas de procesar e iniciar todas las gestiones tendentes a identificar causales y posible solución’’.
Mientras, hay ausencias que se eternizan, personas que han pasado a ser expedientes amarillentos en los archivos de la división de Desaparecidos de la Policía Nacional. Al parecer, es una realidad que, al menos en el corto plazo no va a cambiar. La ausencia de un marco regulador complica la situación.
No existe ley sobre las desapariciones
Las desapariciones, en principio, no representan un tipo penal, a no ser que, en el proceso de búsqueda realizado por la Policía, se encuentren indicios que revelen la presencia de algún delito –desaparición forzosa, homicidio…–, debido a los distintos tipos de ausencias.
Sin embargo, ante una propuesta de la magistrada procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso, el pasado 21 de marzo, mediante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Superior del Ministerio Publico (CSMP), se creó la Unidad de Desaparecidos, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la responsabilidad de Miguel Antonio Ramos, procurador general de la Corte de Apelación.
Al parecer, la iniciativa no es suficiente, y la situación preocupa al abogado Duarte Canaán. Asegura que hoy en día no existe un marco regulador, ni mucho menos políticas públicas de seguridad ciudadana que procure normativizar el flagelo. “El país necesita de un ágil y eficaz marco regulador con leyes eficaces e instituciones que trabajen día a día en el combate de este fenómeno que socava la tranquilidad de nuestro tejido social’’.
Considera, además, que el Estado, a través de todas sus agencias ejecutivas debe delimitar, construir y poner en marcha una agresiva jornada publicitaria a través de medios de comunicación convencionales y alternos que procuren educar y alertar a la población sobre este fenómeno.
“Aquí todo es una parafernalia mediática que no dura más de 72 horas y el Estado dominicano no ha dispuesto recursos, logística, campañas, tecnología que contribuya a enfrentar la situación’’, y agrega, “no existen programas oficiales ni privados que se puedan aplicar ante el doloroso drama de las desapariciones’’.
En ese sentido, hace referencia a entidades que, como el Instituto de Criminología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), devenido en una especie de “elefante flanco” que nada aporta ante el acuciante dilema que nos ataca de forma agresiva.
Por tanto, considera urgente una cruzada ciudadana que salga a las calles a presionar a las autoridades competentes, en aras de que el poder ejecutivo y demás poderes escuchen y actúen ante el odioso problema.
Evelyn Abreu también alza su voz desde Asodofade. Entiende que la falta de una ley en materia de desapariciones dificulta las posibilidades de determinar las causas de las ausencias. “Si estuvo vinculada al crimen organizado, la violencia o circunstancias involuntarias’’.
Además, dice, “como no existe una ley, hay que acogerse a un protocolo de esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, lo que hace que el proceso sea más difícil debido a que las primeras horas son vitales. Después de tres días, se pierden rastros de la persona’’.
“Es un escenario complicado. Como no existe una ley, hay que seguir un protocolo absurdo de espera de 72 horas, además del poco seguimiento y negligencia del sistema, lo que empeora mucho más el panorama’’.
Todos manejan estadísticas distintas
Conocer qué hacen las autoridades con los casos de personas desaparecidas es más difícil que pasar por el ojo de una aguja. Después de varias gestiones ante la Dirección de Comunicaciones de la Policía Nacional, es poco o nada lo conseguido por Panorama al respecto. Las estadísticas solicitadas nunca aparecieron.
Tampoco se facilitaron elementos de juicio convincentes sobre el trabajo de esa división. ¿Por qué un asunto de tanta sensibilidad humana se maneja en un marco de discrecionalidad extrema? ¿Por qué las estadísticas no fueron ofrecidas, si se habla de una “eficiencia’’ que supone un manejo de datos y detalles que sustenten cualquier explicación oficial?
Nos trasladamos entonces al Departamento de Estadísticas del Ministerio Público. Tras una búsqueda en su sistema de denuncias ‘’Justicia 2.0’’ sobre la cantidad de desapariciones registradas en las 37 fiscalías del país, de 2015 al 16 de marzo del 2025, se han registrado 2,910 desapariciones, tal y como lo confirma la tabla suministrada por la entidad.
Aclaran, sin embargo, que la data del sistema Justicia 2.0 no es definitiva, “debido a la cantidad de desapariciones voluntarias, así como al hecho de que hay personas que desaparecen, luego aparecen y estas apariciones no son notificadas a las autoridades, por lo que queda la data desactualizada. De ahí parte que, las informaciones registradas en el Ministerio Público no sean definitivas’’.
Manuel María Mercedes, desde la entidad que dirige tiene una idea aproximada de las cifras de desapariciones. Dice que desde 2018 a la fecha, registran 3 mil desaparecidos.
De su lado, la periodista Evelyn Abreu asegura que en la base de datos de la entidad que dirige se registran 2,242 casos de personas desaparecidas en el periodo correspondiente de junio 2022 a febrero de 2025.
Como puede verse, las estadísticas son distintas entre una y otra entidad. En el caso de la Policía, de la que no se obtuvo cifras, Duarte Canaán asegura casi siempre difieren “de forma abismal con las de otras instituciones (PGRD) por razones obvias: en esa entidad no existe un auténtico departamento y mucho menos un banco de datos actualizado, alimentado y retroalimentado que le permita a la autoridad y a la población enfocar e iniciar políticas públicas direccionadas a mitigar el fenómeno’’.
Mientras, el tema se ha convertido en una problemática alarmante, en la que cientos de familias se aferran a la esperanza de que algún día lleguen noticias de sus parientes, el luto es casi una norma. Sin dudas, es una condena que se agiganta a medida que el tiempo pasa. La pregunta es la misma. ¿Estará vivo o muerto? ¿Quién responde por los desaparecidos?
