La jueza Diana Moreno Rodríguez había convocado a La Tora para una audiencia relacionada con una demanda por difamación e injuria interpuesta por el diputado Sergio Moya "Gory".
Luego de ser llevada a la prisión preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, La Tora acusó al diputado Moya de tenerla encarcelada en complicidad con la jueza.
Este tribunal fue establecido para abordar una acusación penal privada por una supuesta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en detrimento de Moya.
La declaración de rebeldía fue solicitada por los abogados del querellante, quienes indicaron, a través de un acta de audiencia, que citaron legalmente a la comunicadora, quien desoyó la convocatoria y anunció en un programa de televisión que no asistiría a la sala.
Por esto, la jueza emitió un fallo siguiendo lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal: “Cuando el imputado no comparece a una citación sin justificación, se fuga del establecimiento donde está detenido o se ausenta de su domicilio real con el propósito de sustraerse al procedimiento, el ministerio público o el querellante pueden solicitar al juez o tribunal que lo declare en rebeldía y que dicte orden de arresto”.
En este proceso, los abogados José Altagracia Fis Batista conjuntamente con Enmanuel Martínez Acevedo y Enmanuel Pimentel Reyes, actúan en nombre y representación del diputado.
En tanto que Jerry Romero y Alejandro Almonte asisten en sus medios de defensa a Claudina Pérez.
