Los habitantes aseguran que la falta de estas autoridades representa una seria limitación al acceso a servicios legales básicos, obligando a los ciudadanos a trasladarse al municipio de Comendador, ubicado a más de dos horas de distancia, para realizar trámites notariales o presentar denuncias judiciales.
La situación ha generado preocupación en diversos sectores que consideran urgente la atención del Consejo del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el Colegio de Notarios de la República Dominicana para corregir esta omisión que afecta a cientos de familias de la zona.
