Esa pieza fue aprobada en fecha reciente en primera lectura por la Cámara de Diputados.
Una misiva firmada por la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, solicita la revisión a fondo de los artículos 15 y 16 del proyecto.
El gremio expresó que, lejos de resolver una necesidad, el proyecto podría introducir más inseguridad jurídica en relaciones que deberían mantenerse bajo el marco de la autonomía contractual entre partes.
BUSCA SEGURIDAD
La institución desea seguridad en el objetivo de protección al arrendatario y al arrendador para que no derive en un traslado indebido de funciones a las entidades financieras.
De igual modo, mostró preocupación por el depósito obligatorio de la garantía del contrato de alquiler en entidades bancarias estipulado en la iniciativa.
La organización considera que imponen funciones al sistema financiero para las que carece de atribuciones legales y operativas.
El documento establece: “Aunque puede interpretarse como una medida para fomentar la bancarización y la trazabilidad (…) es una garantía dentro de un contrato de alquiler, que es una relación privada entre arrendador e inquilino.
Imponer su gestión obligatoria a través de una entidad financiera altera su naturaleza jurídica y añade un actor externo sin atribuciones claras dentro de dicha relación”, expone.
En la carta dirigida al diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Especial, la ABA objetó que el proyecto plantea que los bancos deban entregar esas garantías “sin más trámite”.
