De aprobarse en su totalidad el artículo 286 del proyecto, se impondrán penas de entre quince días y un año de prisión menor, además de multas de hasta el doble del salario que perciba el agente involucrado en el impedimento.
Con el objetivo de reforzar las garantías para las personas privadas de libertad o sujetas a procesos de detención, el proyecto que ya cuenta con la aprobación del Senado y está próximo a ser conocido nuevamente en la Cámara Baja dedica toda una sección a estos derechos.
Entre estas garantías figura el artículo 285, que establece sanciones de prisión y multa para agentes o funcionarios que se nieguen a permitir que un detenido realice la llamada que le corresponde para informar a un familiar o a su abogado sobre su situación.
El proyecto contempla como únicas excepciones razones de fuerza mayor, tales como la necesidad de trasladar al detenido a un lugar seguro.
