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El asistencialismo, entendido como el conjunto de políticas y acciones mediante las cuales el Estado brinda ayuda directa a los sectores más vulnerables ya sea a través de subsidios, donaciones, programas sociales o transferencias condicionadas, ha sido históricamente objeto de debate.
Para algunos, representa una herramienta de justicia social en tiempos difíciles; para otros, una forma de dependencia que posterga soluciones estructurales.
En lo personal, no creo plenamente en el asistencialismo dentro de los gobiernos capitalistas. En sistemas donde el capital es el eje del modelo económico, la asistencia suele convertirse en una respuesta temporal más que en una transformación de fondo.
Sin embargo, en momentos de crisis ya sean naturales, sanitarias o económicas, la ausencia de ese auxilio puede transformarse en una forma de crueldad institucional.
El verdadero reto está en el equilibrio. El Estado tiene la obligación de actuar ante la emergencia, pero debe hacerlo sin convertir la ayuda en propaganda ni en instrumento político. No comparto la práctica de algunos funcionarios que graban y publican la entrega de alimentos o donaciones, buscando reconocimiento más que resultados.
No obstante, también es cierto que la presión social y el escrutinio de las redes obligan, en ocasiones, a documentar esas acciones para evitar suspicacias sobre su cumplimiento.
La desconfianza ciudadana, amplificada por la exposición mediática, puede poner en entredicho tanto la gestión del funcionario como la del gobierno central.
El asistencialismo bien gestionado puede ser un alivio real. Permite que familias sobrevivan, que comunidades se levanten y que la esperanza no muera en medio del desastre.
La peor de todas las asistencias en favor de los más vulnerables en momentos de crisis será siempre la que no se haga, cuando el Estado tiene los medios y la oportunidad de actuar. Porque el verdadero Estado solidario no se exhibe, se siente.
