Durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana (Zol 106.5 FM), Mateo explicó que dicha normativa, vigente desde 2006, viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana, entre ellos la libertad de empresa, el libre comercio y el derecho al trabajo, al imponer restricciones que solo podrían ser establecidas mediante una ley formal aprobada por el Congreso Nacional, y no por decreto presidencial.
“Ese decreto jamás puede regular derechos fundamentales. Se trata de una disposición inconstitucional que afecta el derecho al libre ejercicio de actividades económicas lícitas”, sostuvo el jurista.
El abogado reveló que el propio Poder Ejecutivo, a través de su consultor jurídico, se acogió a su pedimento y reconoció que la disposición presenta una “inconstitucionalidad sobrevenida”, al contradecir el marco constitucional vigente tras la reforma de 2010.
“Me sorprendió gratamente que el Ejecutivo admitiera que el decreto carece de sustento constitucional y solicitara al Tribunal Constitucional que, de declararse la nulidad, su aplicación sea diferida hasta por un año”, expresó Mateo.
Se debe regular con Ley
El abogado indicó que está de acuerdo en que el Estado regule los horarios de expendio de bebidas alcohólicas, pero insistió en que debe hacerse por medio de una ley debidamente aprobada, no mediante una disposición administrativa.
“Estoy de acuerdo con que se establezcan límites razonables, pero no por decreto. Lo importante es que el propio Gobierno reconoció que la regulación debe tener un fundamento legal formal”, subrayó.
La medida afecta a los negocios
Mateo argumentó que, al carecer de base constitucional, el Decreto 308-06 afecta directamente a cientos de pequeños y medianos negocios del sector entretenimiento y turístico, limitando su capacidad operativa y generando pérdidas económicas considerables.
Finalmente, reiteró su confianza en que el Tribunal Constitucional reconocerá la invalidez del decreto y abrirá paso a la elaboración de una ley moderna y equilibrada que regule el consumo responsable de alcohol sin violentar derechos fundamentales.
