TOMADO DE N DIGITAL
SANTO DOMINGO: La inclusión de figuras relacionadas al narcotráfico en las estructuras políticas ha vuelto a quedar expuesta con una serie de casos recientes que revelan cómo redes criminales han logrado infiltrarse en estructuras políticas, campañas electorales y cargos públicos. Expertos advierten que el fenómeno ha alcanzado niveles inéditos y que hoy opera sin disimulo.
El politólogo Belarminio Ramírez sostiene que la penetración del narcotráfico en la política «llegó al tuétano» del país, resultado de una compenetración que se viene gestando desde hace décadas.
Durante un trabajo investigativo presentado en la entrega de esta semana del programa N Investiga, se detalló que la provincia de La Romana volvió a colocarse bajo escrutinio luego de que Estados Unidos solicitara la extradición de Esteffani “Ethian” Vásquez Amarante, esposo de la diputada Jacqueline Fernández, por presuntos vínculos con una red internacional de narcotráfico. “Soy inocente”, respondió Vásquez ante las acusaciones.
El ex presidente de la Junta Central Electoral y miembro de la alta dirección política de Fuerza del Pueblo (FP), Roberto Rosario, recordó que el esposo de Fernández fue su gerente de campaña y cuestionó que la legisladora obtuviera “el doble de votos que el líder histórico de su partido en la provincia”, atribuyendo ese desempeño a recursos cuya procedencia, según dijo, “parece provenir de la práctica de su marido”.
Ese mismo mes, la capital se vio impactada por la confesión de un regidor en funciones, quien admitió haber transportado cientos de kilos de cocaína mientras ocupaba su cargo.
La revelación generó cuestionamientos sobre cómo un funcionario electo logró operar por años sin activar alarmas institucionales. También fue vinculado a redes de narcotráfico internacional un empleado del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Gaspar Antonio Polanco, quien decidió entregarse a las autoridades estadounidenses.
En otro caso, Fabio Augusto Jorge-Puras, asesor honorífico del Poder Ejecutivo, fue acusado por un jurado federal de distribuir cocaína desde el país hacia Estados Unidos y Colombia. A este cuadro se suma la diputada Rosa Amalia Pilarte, señalada por presunto lavado de activos dentro de una estructura liderada por su esposo, Micky López, quien habría movilizado más de siete mil millones de pesos en diversas transacciones.
El cierre del proceso judicial contra el exdiputado Miguel Gutiérrez en 2024 volvió a encender alarmas, tras demostrarse que el legislador logró enviar cargamentos de droga a Estados Unidos mientras hacía campaña y ejercía funciones.
Casos emblemáticos como Falcón, la extradición de Yamil Abreu —vinculado al Cártel de Sinaloa— o el entramado de César Emilio Peralta han revelado que los cárteles no solo buscan rutas, sino acceso a boletas, financiamiento político y protección institucional.
Precedentes como los casos de Figueroa Agosto, Quirino Ernesto Paulino y Arturo del Tiempo demuestran que durante los últimos 25 años el país ha enfrentado estructuras criminales que lograron establecer conexiones en estamentos policiales, empresariales, sociales y hasta en campañas electorales.
La debilidad institucional y la falta de controles continúan siendo señaladas como las principales puertas de entrada del narcotráfico al sistema político.
La Junta Central Electoral no puede impedir candidaturas sin una sentencia firme, y los partidos reconocen carecer de herramientas para investigar el origen de los recursos que financian aspiraciones internas. “Los narcos no reciben rechazo dentro de los partidos; es lo contrario”, afirma Belarmino Ramírez. Para Roberto Rosario, “en este país, ese dinero compra voluntades dentro de los partidos”.
Aunque la narco política no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana —pues países como México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Colombia enfrentan realidades similares—, los expertos advierten que el patrón es claro: cuando las instituciones son frágiles.
