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Hace unos meses, un tema se adueñó por completo de la opinión pública, el caso Senasa. Desde el momento en que programas de investigación y, antes incluso, los principales partidos de oposición, PLD y Fuerza del Pueblo (FUPU) comenzaron a hacerse eco de lo que se denunciaba como un posible desfalco, el debate se centró en exigir responsabilidades penales a los involucrados.
Durante semanas, las voces más visibles de la oposición dominaron la conversación pública, señalando con fuerza lo que, a su juicio, representaba otro ejemplo de corrupción gubernamental. Pero ese discurso combativo duró poco. Todo cambió cuando los propios reportajes periodísticos revelaron que el actual senador por la provincia San Juan, a través de su fundación “Sanas”, también formaba parte del entramado societario investigado. Tras el reportaje, el legislador retiró los servicios de la fundación y desvinculó a todo su personal.
A esto se sumaron menciones al señor Víctor Díaz Rúa, aunque sin datos concluyentes. Bastó con que esos nombres salieran a la luz para que Fuerza del Pueblo desapareciera del debate público. Poco después, el Ministerio Público solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría al Senasa desde el año 2017 hasta la fecha. Y en ese preciso momento, el PLD que tanto había presionado para que se esclarecieran los hechos también se retiró del escenario mediático.
La razón quedó clara tiempo después: el informe de la Cámara de Cuentas reveló irregularidades por más de RD$4,200 millones detectadas entre 2017 y 2019. El documento detallaba fallas estructurales en compras, nóminas y registros contables, incluyendo movimientos sin respaldo, pagos irregulares, adquisiciones fuera de la ley y transferencias con soporte deficiente. En ese informe, figuraban nombres ligados al exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo Terrero, y una de sus empresas.
Esa fue, sin duda, la verdadera causa del silencio repentino.
Sin embargo, el contraste en el manejo del tema entre los partidos es notorio. Mientras la oposición que suele ser la voz más combativa optó por el silencio y la evasión, el gobierno decidió enfrentar la situación de manera frontal. El presidente Luis Abinader fue enfático al declarar: “En mi gobierno tengo amigos, no cómplices.” Incluso ordenó abrir la Procuraduría General de la República un sábado para entregar personalmente el informe y solicitar formalmente una investigación.
El mismo ímpetu no se vio ni en el PLD ni en Fuerza del Pueblo, que prefirieron apartarse del debate en cuanto descubrieron que figuras de alto nivel de sus propias filas estaban “hasta los tuétanos” involucradas en los hechos. En lugar de mantener su postura moralizadora, se replegaron en un silencio que muchos interpretan como una forma de protección política a sus dirigentes y financistas.
El caso Senasa los involucra a todos, sí, pero con una diferencia evidente: mientras el PRM ha mantenido una posición firme y coherente ante las acusaciones, los otros dos partidos han optado por el silencio cómplice.
Y aunque nadie puede negar que este escándalo salpica a los tres principales partidos del país PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, la gran lección que deja es clara, el presidente Luis Abinader ha sido enfático al decir “caiga quien tenga que caer”, mientras los demás, que tanto insistieron en que el caso llegara a los tribunales, callaron en cuanto descubrieron que los suyos estaban dentro.
Al final, el caso Senasa no solo destapa corrupción, sino también la coherencia selectiva de una clase política que solo exige justicia cuando el culpable no es de los suyos.
