Durante su participación en el programa El Sol de la Mañana (Zol 106.5 FM), Mateo explicó que los subsidios “cumplen una función importante en momentos de crisis”, pero advirtió que no deben convertirse en mecanismos permanentes de sostenimiento social o empresarial.
“Los subsidios son provisionales, son medidas que se adoptan en situaciones de emergencia, no políticas de largo plazo. Lo propio ocurre con las exenciones; hay que revisarlas con cuidado porque los extremos siempre resultan peligrosos”, apuntó el abogado.
Mateo se refirió al tema en el contexto de la discusión sobre el proyecto de reforma fiscal y el presupuesto nacional 2026, y explicó que, de no aprobarse a tiempo, el presupuesto vigente se mantiene automáticamente, conforme al marco legal dominicano.
“Si al 31 de diciembre no se vota el nuevo presupuesto, automáticamente queda aprobado el del año anterior. Es decir, el del 2025 regiría en el 2026”, precisó.
Acción de inconstitucionalidad contra decreto de horarios de bebidas alcohólicas
El abogado también informó que interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra el Decreto 3-06, emitido durante el gobierno de Leonel Fernández, que regula los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en bares, discotecas y otros establecimientos.
Explicó que dicha disposición limita la libertad de empresa y viola derechos fundamentales, por lo que solicitó al Tribunal Constitucional declarar su nulidad.
“Ese decreto jamás puede regular derechos fundamentales. Me sorprendió gratamente que el propio Poder Ejecutivo, a través de su consultor jurídico, se acogiera a nuestro pedimento y reconociera que se trata de una inconstitucionalidad sobrevenida”, señaló Mateo.
Asimismo, indicó que el Ejecutivo solicitó al tribunal que, en caso de declararse la nulidad, su aplicación sea diferida hasta por un año, para dar tiempo a elaborar una ley formal que regule la materia.
“Estoy de acuerdo con que se establezca por ley, pero no por decreto. Lo importante es que el Poder Ejecutivo también reconoció que el instrumento actual carece de sustento constitucional”, subrayó.
Otros temas abordados
Sobre la comunicación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz
En otro orden, Víctor Eddy Mateo calificó como “valiente y jurídicamente correcta” la comunicación remitida por la magistrada Pilar Jiménez Ortiz al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que cuestiona la falta de motivación en la decisión que afectó su designación en la reciente evaluación judicial.
Mateo consideró que la jueza “ejerció un derecho legítimo” al exigir transparencia y fundamentación en las decisiones del CNM, destacando que todo funcionario público debe poder conocer las razones que inciden en su evaluación o remoción.
“La magistrada no hizo más que pedir explicaciones sobre un acto que le afecta. Esa solicitud no es un desafío, sino una expresión de madurez institucional y respeto por el debido proceso”, comentó.
Agregó que el sistema judicial se fortalece cuando sus miembros pueden reclamar motivación de las decisiones, y recordó que “la transparencia es el principal escudo contra la arbitrariedad”.
Caso Pablo Ross
El jurista también se refirió al caso del comunicador Pablo Ross, quien cumple una condena por abuso sexual, señalando que el derecho a la salud es universal y no debe excluirse por la condición procesal del individuo.
En ese sentido, Mateo planteó que puede considerarse la libertad condicional o el arresto domiciliario por razones médicas, siempre que no se trate de un crimen de sangre ni exista riesgo para la sociedad.
“La justicia debe aplicar la ley con sentido humano. Si una persona está enferma y su situación no implica peligro, puede cumplir una medida menos gravosa. Eso no debilita el sistema, lo humaniza”, expresó.
Mateo subrayó que los derechos fundamentales no se extinguen con la condena, y que corresponde al Poder Judicial velar por que las sanciones se cumplan sin vulnerar la dignidad humana.
Situación económica nacional
En el plano económico, Víctor Eddy Mateo opinó que el país enfrenta una coyuntura en la que los precios internacionales, la deuda pública y la presión tributaria deben analizarse con equilibrio.
Advirtió que, aunque la economía dominicana mantiene crecimiento, existen señales de “desajustes sociales” que podrían acentuarse si las reformas se enfocan únicamente en aumentar impuestos.
“Cualquier reforma fiscal debe mirar el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del Estado y el bienestar de la gente. No se puede cargar más al que menos tiene”, apuntó.
El abogado reiteró que las reformas tributarias y presupuestarias suelen aprobarse a finales de año para entrar en vigencia el 1 de enero, y consideró que el diálogo entre los distintos sectores es esencial para garantizar su legitimidad.
