SANTO DOMINGO: Santiago Hazim, su sobrino Rafael Martínez Hazim y el empresario Eduardo Read permanecerán bajo arresto en la Procuraduría General de la República, vinculados a un amplio caso de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), según confirmaron fuentes ligadas a la investigación.
Traslado a Ciudad Nueva
Una fuente de alto nivel indicó a N Digital que los implicados serán conducidos bajo custodia al Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La medida se produce tras meses de indagatorias sobre presuntos desfalcos millonarios cometidos dentro de la institución.
Investigación en fase decisiva
El caso tomó mayor notoriedad luego de que el programa N Investiga expusiera una serie de irregularidades y contratos cuestionados durante la gestión de Hazim en SeNaSa. Posteriormente, organismos oficiales realizaron auditorías e informes que fueron remitidos al Ministerio Público para su análisis.
Días atrás, el procurador adjunto Wilson Camacho había adelantado que “pronto habría novedades” en torno a la investigación, anuncio que se materializa con las acciones adoptadas este sábado por la PGR.
Contratos bajo la lupa
De acuerdo con la investigación, SeNaSa habría sido utilizada para canalizar pagos del Estado a través de contratos considerados irregulares, firmados con empresas que ofrecían supuestos servicios médicos. Parte del esquema incluía compañías señaladas como fantasmas, que recibían fondos públicos sin evidencias claras de los servicios prestados.
Hazim, en su condición de director de SeNaSa, habría suscrito contratos millonarios con la empresa Khersum, propiedad de Eduardo Read. Estos acuerdos garantizaban pagos fijos, sin relación directa con la cantidad real de servicios ofrecidos.
Empresas favorecidas
Rafael Martínez Hazim, sobrino del exdirector, creó la marca My Care, dedicada a servicios de telemedicina que también fueron cubiertos por SeNaSa durante ese período, y que habría sido beneficiada por los mismos contratos.
El Ministerio Público investiga delitos como corrupción administrativa, asociación de malhechores, colusión y otros cargos penales, mientras los implicados serán presentados ante los tribunales para responder por los hechos imputados.
