Tomado de panorama.com.do
SANTO DOMINGO: Dos hechos recientes se han trepado en el centro del debate público en República Dominicana, movilizando la opinión ciudadana y generando reclamos de justicia, responsabilidad institucional y transparencia.
Además, ambos casos han desatado una indignación social casi generalizada, debido al profundo impacto con que la población los ha recibido. La gravedad de los hechos ha llevado al país a elevar con firmeza su reclamo de justicia y a exigir sanción para los responsables.
Caso Stephora Joseph: una tragedia que sacude al país
La muerte por asfixia mecánica de la niña de 11 años, Stephora Anne‑Mircie Joseph, durante una excursión organizada por el colegio Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, la provincia de Santiago, ha provocado una ola de repudio y reclamo de justicia.
Este miércoles, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó medidas de coerción contra cuatro empleadas del citado centro educativo: tres de ellas enfrentarán una garantía económica de RD$500,000, impedimento de salida del país y presentación periódica; mientras que la directora administrativa del centro de enseñanzas obtuvo libertad pura y simple.
En ese sentido, la titular de la institución encargada de protección de la niñez, Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), cuestionó la medida como insuficiente, lo que alimenta el clamor social por justicia.
Por su parte, la familia, representada por su abogado, plantea que lo ocurrido no responde a un accidente sino a una negligencia grave, calificando el hecho como un posible homicidio involuntario.
Las preguntas sobre supervisión, responsabilidad del colegio y protección de los menores han encendido la indignación ciudadana, al notar el silencio que reina en la administración del plantel.
El escándalo en SENASA: un presunto desfalco récord
Paralelamente, el país sigue con atención el caso del supuesto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), investigado en el marco de la Operación Cobra.
El Ministerio Público sostiene que los implicados, encabezados por el exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, orquestaron maniobras fraudulentas que podrían haber desviado cerca de RD$16,000 millones del erario.
Entre las acusaciones figuran sobornos, falsificación de documentos, adulteración de estados financieros, desfalco y lavado de activos.
El órgano persecutor solicitó prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado de tramitación compleja, dada su magnitud del mismo.
Las revelaciones han provocado cuestionamientos sobre el control institucional del sistema de salud pública y la transparencia en el manejo de fondos públicos.
La audiencia para conocimiento de medidas de coerción fue aplazada para este jueves 11 de diciembre a las 2:00 de la tarde.
Indignación pública y exigencia de rendición de cuentas
Ambos casos, aunque diferentes en naturaleza, convergen en una misma demanda social: justicia, rendición de cuentas y reparación institucional.
Ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han expresado su repudio y exigido sanciones ejemplares para quienes resulten responsables.
La combinación de la tragedia que enluta al país y la presunta corrupción al corazón de una institución pública vital vuelve urgente la revisión de los mecanismos de control, inspección y supervisión en entidades estatales y privadas que manejan servicios esenciales.
