“Desde Prisiones se respeta la dignidad humana sin importar el estatus social, pero no se otorgarán privilegios”, afirmó Santana al referirse tanto a los imputados que guardarán prisión preventiva como a aquellos bajo arresto domiciliario.
El funcionario explicó que el sistema penitenciario dominicano se encuentra en un proceso de adecuación dentro del marco de la reforma penitenciaria, con el objetivo de poder recibir a todo tipo de internos, incluyendo aquellos con condiciones médicas especiales. Estas declaraciones hacen referencia a uno de los principales argumentos de la defensa de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SENASA y señalado como uno de los principales responsables del presunto robo de recursos y malversación de fondos desde la institución que dirigía.
“El sistema penitenciario lo estamos adaptando poco a poco para que pueda recibir a todo tipo de internos y situaciones”, señaló Santana al abordar el tema de la salud de los reclusos.
Asimismo, reiteró que cualquier persona que deba cumplir prisión, independientemente de su posición social, será tratada con dignidad, pero sin acceso a beneficios especiales. Aseguró que este caso servirá para demostrar que en República Dominicana no habrá excepciones, recordando prácticas del pasado, como el caso Odebrecht, donde según indicó se permitían ingresos de vehículos de lujo a centros penitenciarios para llevar compras y visitas a imputados por corrupción.
Derechos de los imputados durante su reclusión
Santana explicó que los imputados en el caso SENASA o caso Cobra tienen derecho a una llamada telefónica, alimentación digna, atención médica, respeto a su integridad y a procesos de reinserción social, conforme a lo establecido en la ley.
No obstante, precisó que, debido al nivel de exposición pública y la tensión social generada por el caso, los acusados no serán ubicados en áreas comunes con otros privados de libertad, como medida preventiva para garantizar su seguridad. Aclaró que esta disposición no implica ningún beneficio o trato especial.
El director general de Prisiones indicó que Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, permanecerán en una fase de observación que permita los procesos de interrogación del Ministerio Público y las visitas de sus abogados.
“Estarán bajo un régimen de servicios ordinarios, pero físicamente distantes de cualquier riesgo de agresión”, precisó.
Santana agregó que el traslado de los imputados a los distintos centros penitenciarios se realizará por etapas, ya que forma parte de un proceso que debe completarse antes de su ejecución definitiva.
En cuanto a los acusados que cumplirán arresto domiciliario, el funcionario señaló que tampoco gozarán de privilegios. En ese sentido, advirtió que Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella deberán respetar estrictamente los límites establecidos por la medida judicial impuesta.
En cuanto a los que guardarán prisión domiciliaria serán vigiladas las visitas, es decir, quienes entran o salen del lugar donde permanecen por la Dirección General de Prisiones, así como las actividades que se realicen en dicho ambiente.
Finalmente, Santana aseguró que el trabajo que realizarán es para que la ciudadanía mantenga tranquilidad en cuento a la transparencia e igualdad en tratos.
