La información fue dada a conocer mediante un video público encabezado por la directora general del centro, Ana García, quien explicó que la entidad alberga actualmente a estudiantes con discapacidad visual, personas ya insertadas laboralmente gracias a sus programas, así como niños con trastorno del espectro autista que reciben atención psicológica y médica a través de su Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Cecapci.
Durante su intervención, García hizo un llamado directo al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, a la primera dama, a la vicepresidenta y a las autoridades competentes, solicitando apoyo urgente para la asignación o donación de un nuevo local, o en su defecto, asistencia económica para cubrir los costos de alquiler.
“Actualmente el pago del local se realiza con fondos propios de los socios y no con recursos del Estado. Los precios de alquiler para un nuevo local rondan los 4,000 dólares mensuales, lo que nos resulta insostenible como institución sin fines de lucro”, expresó la directora general.
Estudiantes beneficiados por la entidad también se pronunciaron, como es el caso de Abraham Vidal, proveniente de San Francisco de Macorís, explicó que gracias a la capacitación recibida logró insertarse laboralmente en el sector salud, destacando que el centro impacta a toda la región del Cibao y al país entero.
De igual forma, Freddy Suárez y Junior Núñez, estudiantes con discapacidad visual, exhortaron al Gobierno a intervenir para evitar el cierre del centro, al que calificaron como vital para la educación, la salud y la inserción laboral de personas con discapacidad.
Asimismo, padres de niños con autismo manifestaron su preocupación. Mónica Abreu, madre proveniente de Dajabón, y Estarlin Rodríguez, resaltaron que sus hijos reciben terapias gratuitas, imposibles de costear en el sector privado, por lo que el cierre de la institución representaría un impacto social directo sobre familias de escasos recursos.
El Cecapci en Santiago reiteró que no cuenta con alternativas inmediatas de reubicación, por lo que su continuidad depende de una respuesta rápida de las autoridades.
La institución advierte que, de no obtener apoyo en el corto plazo, decenas de personas con discapacidad visual y niños con condiciones especiales quedarían sin acceso a servicios esenciales, poniendo en riesgo procesos de inclusión, rehabilitación y desarrollo humano que se han construido durante años.
