En Venezuela se habla en voz baja, pero se siente en el ambiente: algo se está moviendo. No necesariamente hacia la claridad ni hacia la justicia, sino hacia un nuevo momento de tensión donde vuelven a chocar dos fuerzas históricas: el poder interno y la presión externa. La pregunta no es solo cómo termina una etapa, sino quién decide su final y con qué legitimidad.
Para entender el presente, hay que mirar el proceso completo. Nicolás Maduro no llegó al poder por una construcción individual de liderazgo, sino como continuidad de un proyecto político que se volvió Estado. Con el tiempo, ese proyecto se endureció, se cerró y se defendió como pudo frente a sanciones, aislamiento y una confrontación internacional permanente. Se puede cuestionar su gestión, su deriva autoritaria y sus decisiones económicas, pero reducir todo el conflicto venezolano a una sola figura es una simplificación interesada.
El desgaste fue evidente. Una sociedad golpeada por la crisis, instituciones alineadas y un clima político permanentemente tensionado marcaron los últimos años. Sin embargo, los conflictos internos de un país, por profundos que sean, no se resuelven desde fuera ni a punta de fuerza militar extranjera. Las crisis políticas, institucionales y sociales solo encuentran salida real cuando son procesadas por sus propios actores, con sus costos y responsabilidades. Cualquier intento de imponer soluciones externas, aunque se justifique en nombre de la democracia o los derechos, termina debilitando la soberanía y agravando las fracturas internas. La historia demuestra que los cambios forzados desde fuera no corrigen sistemas: los reemplazan por otros igual o más inestables, dejando a los pueblos pagando un precio que nunca eligieron.
En ese escenario comenzaron a circular versiones sobre ataques aéreos focalizados en Caracas y zonas cercanas, así como en puntos de La Guaira, Miranda y Aragua. Se habló de operaciones quirúrgicas contra instalaciones militares y centros de mando. Más allá del daño material o del impacto simbólico, lo verdaderamente grave no fue el ataque en sí, sino el precedente que intenta sentar: la normalización de la fuerza externa como mecanismo de “corrección política”. Cuando la soberanía de un país se convierte en un tablero donde otros mueven fichas, el problema deja de ser un gobierno y pasa a ser un principio.
La ausencia de una respuesta abierta de las defensas antiaéreas alimentó todo tipo de lecturas. Para algunos, fallas técnicas. Para otros, decisiones calculadas para evitar una escalada mayor. Pero incluso esa discusión es secundaria frente a lo esencial: ningún pueblo debería aceptar como solución que su destino se decida desde el aire, ni que el futuro político se imponga por la vía militar, aunque se disfrace de transición ordenada.
Desde ahí cobra sentido hablar de soberanía. Maduro fue apresado por un contingente militar de Estados Unidos, y ese hecho, más allá de simpatías o rechazos, no puede ser leído como el fin automático de un régimen ni como la liberación instantánea de un país. Los procesos políticos no se resuelven cortando una cabeza visible mientras el cuerpo permanece intacto. Y peor aún: no se construye democracia sustituyendo la voluntad popular, por defectuosa que sea, por la lógica de la intervención.
Defender la soberanía de los pueblos no significa defender gobiernos ni justificar errores. Significa sostener una línea clara: los cambios reales solo son legítimos cuando nacen desde dentro, con costos asumidos por la propia sociedad y no administrados por potencias externas. Todo lo demás es tutela, aunque se vista de rescate.
Venezuela está, otra vez, en una encrucijada. El derrocamiento impuesto desde fuera abre una herida que tarda décadas en cerrar. La salida negociada, si existe, solo tendrá sentido si respeta la autodeterminación y no convierte al país en un precedente peligroso para la región. Ninguna vía es sencilla, pero hay una frontera que no debería cruzarse sin consecuencias: la de renunciar a la soberanía como precio para salir de una crisis.
El cierre de esta etapa, cuando llegue, no será limpio ni ejemplar. Será contradictorio, incompleto y lleno de tensiones. Pero si algo debería quedar claro es esto: los pueblos no se liberan cuando otros deciden por ellos. Se liberan cuando, incluso en medio del conflicto, conservan el derecho a decidir su propio destino.
