La ley, promulgada en julio de 2025, establece penas de hasta 10 años de prisión para funcionarios, legisladores, proveedores o cualquier persona que incurra en prácticas ilícitas como manipulación de licitaciones, tráfico de influencias, colusión, adjudicación fraudulenta de contratos y uso de información privilegiada.
Sanciones penales más severas
Entre los puntos más relevantes, la normativa dispone que:
Sobornos en contrataciones públicas serán castigados con 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 200 salarios mínimos del sector público (art. 236).
Funcionarios que violen el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado enfrentarán 2 a 5 años de cárcel (art. 234).
El uso de influencia para beneficiar intereses propios o de terceros conlleva inhabilitación de al menos cinco años y multas de 20 a 50 salarios mínimos (art. 235).
La falsedad en declaraciones juradas para participar como proveedor del Estado será sancionada con 1 a 3 años de prisión (art. 233).
Castigos también para empresas
La ley establece responsabilidad penal para las personas jurídicas, que podrán ser sancionadas con:
Multas de 500 a 5,000 salarios mínimos del sector público.
Clausura definitiva de locales o establecimientos, mediante sentencia firme.
Más control y transparencia
La normativa fortalece el rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que a partir de ahora tendrá mayores facultades para:
Supervisar, auditar y sancionar irregularidades.
Exigir la publicación detallada y oportuna de todos los procesos de compras y adjudicaciones.
Además, amplía su alcance a todos los poderes del Estado, incluyendo el Legislativo, Judicial (en funciones administrativas), órganos constitucionales autónomos, fideicomisos públicos y empresas estatales.
Compras públicas más abiertas e inclusivas
La ley obliga al uso de plataformas electrónicas, introduce modalidades como la subasta inversa electrónica y los acuerdos marco, y reserva una parte de las compras públicas para mipymes y empresas lideradas por mujeres, con mayores anticipos para facilitar su participación.
Con esta nueva legislación, el Estado dominicano deroga la Ley 340-06 y establece un marco más estricto, transparente y penalmente vinculante para el manejo de los recursos públicos.
