POR RAFAEL MENDEZ
La objetividad, entendida como neutralidad absoluta, no existe en el ejercicio periodístico, porque toda información es el resultado de una cadena de decisiones humanas que comienza antes de escribir una sola línea, desde la selección del hecho y la priorización de una voz, hasta el término que se usa y aquel que se descarta. El lenguaje, lejos de ser un instrumento transparente, actúa como una mediación cargada de sentido que organiza la realidad social, asigna responsabilidades y delimita quién merece duda y quién merece sospecha.
En ese marco, el uso del término presunto, presunta o presuntamente no puede reducirse a una simple fórmula de estilo ni a un gesto automático de corrección profesional, aunque así se presente con frecuencia. Su empleo suele aparecer como garantía de equilibrio, pero en la práctica opera como un recurso discursivo que revela la subjetividad del medio y su posicionamiento frente a los actores involucrados, influyendo de manera directa en la percepción que el lector construye sobre los hechos.
Uso impropio del “presunto”
Es cierto que el presunto cumple una función jurídica concreta, orientada a evitar afirmaciones categóricas sobre hechos no juzgados y a proteger a los medios frente a eventuales demandas por difamación o injuria. Reconocer esa dimensión no implica justificar su uso indiscriminado, porque el problema surge cuando la cautela legal se transforma en reflejo mecánico y, sobre todo, cuando se administra de manera desigual según el estatus social de quienes aparecen en la noticia.
Esa distorsión se aprecia con claridad cuando una información está correctamente atribuida y, aun así, el medio insiste en interponer el presunto como si la acusación fuera propia. Cuando se escribe “la presunta estafa” incluso después de señalar que se trata de lo descrito en un expediente del Ministerio Público, el medio no gana rigor ni protección adicional, porque no está afirmando un hecho, sino informando sobre una imputación concreta hecha por una fuente identificada. En esos casos, el presunto deja de cumplir una función jurídica y se convierte en una muletilla innecesaria que diluye la responsabilidad informativa y confunde al lector sobre quién sostiene la acusación.
La lectura cotidiana de la prensa muestra, además, que el presunto se utiliza con especial cuidado cuando los hechos comprometen a funcionarios, empresarios o figuras públicas con capital simbólico, casos en los que el lenguaje se vuelve cauteloso, matizado y distante. En contraste, cuando los protagonistas provienen de sectores empobrecidos o vulnerables, esa prudencia suele desaparecer, el nombre propio es sustituido por el apodo policial y la sospecha se transforma en certeza narrativa desde el titular.
En el primer caso, el tratamiento informativo se reviste de tecnicismos, perífrasis y atribuciones minuciosas, donde la responsabilidad se difumina entre expedientes, procesos en curso y supuestas complejidades administrativas. El presunto opera como un escudo simbólico que acompaña al apellido, protege la reputación y preserva una distancia narrativa que evita cualquier condena anticipada, aun cuando los hechos descritos sean graves y estén documentados por fuentes oficiales plenamente identificadas.
En el segundo caso, cuando se trata de jóvenes de la periferia social, el lenguaje pierde toda cautela y adopta un tono expeditivo y deshumanizante. El presunto desaparece, el nombre civil es borrado y el apodo degradante ocupa el centro del relato, como ocurre en titulares que anuncian la muerte de “La Pluma”, “Peluca” o cualquier otro mote policial. Allí no hay duda ni mediación: hay una condena simbólica inmediata que no solo recae sobre el individuo abatido, sino que se proyecta sobre su familia y su entorno, reforzando una lógica de exclusión que el periodismo reproduce sin interrogarse.
Sicología de la información
A partir de ese contraste, el problema deja de ser una cuestión terminológica y se convierte en una práctica instalada tanto en la redacción informativa como en los espacios de opinión. En la noticia, el presunto se administra como un dispositivo de resguardo selectivo; en la opinión, se invoca muchas veces como coartada retórica para emitir juicios severos sin asumir plenamente la responsabilidad del enunciado. En ambos casos, la palabra no neutraliza la subjetividad, sino que la encubre bajo una apariencia de prudencia.
En los artículos de opinión, en particular, el uso de presuntamente suele operar como una fórmula que permite deslizar afirmaciones graves mientras se simula distancia analítica. El analista opina, interpreta y valora, pero introduce el término como si con ello suspendiera su propia toma de posición. Sin embargo, el lector percibe el sentido completo del mensaje, porque el contexto, el tono y la selección de datos pesan más que la palabra precautoria. La subjetividad no desaparece; simplemente se disfraza.
Desde la psicología de la información, este mecanismo tiene efectos concretos. El lenguaje no solo informa, sino que modela percepciones y emociones, construye mapas morales y define umbrales de empatía. Cuando el presunto acompaña siempre a los mismos sujetos y desaparece frente a otros, el público aprende, sin que nadie se lo explique, quién merece comprensión, quién merece cautela y quién puede ser reducido a una etiqueta sin historia ni matices.
Así, el debate sobre el presunto no remite únicamente a normas de estilo ni a manuales de redacción, sino a una responsabilidad más amplia del oficio. Nombrar no es un acto neutro, y tampoco lo es callar, repetir fórmulas o adoptar reflejos automáticos. Cada palabra elegida fija un lugar en el relato social y contribuye a reproducir, o a cuestionar, las jerarquías que atraviesan la vida pública.
