Cepeda Medina explicó que el Auto No. 096-2026-SAUT-00005, emitido por el Juzgado de Paz del Municipio de Neiba, establece en su numeral 15 un plazo de tres días calendarios a partir de la notificación para ejercer el derecho de objeción. Sin embargo, aseguró que dicha notificación nunca le fue realizada, situación que considera una vulneración directa al debido proceso y al derecho de defensa.
El exalcalde agregó un elemento que, a su juicio, reviste especial gravedad. Indicó que el alguacil actuante, Francisco Féliz Ferreras, al verificar mediante los documentos y recibo correspondiente que la obligación había sido pagada, se comunicó de inmediato con el presidente de COOPACRENE para informarle sobre el cumplimiento.
Según relató, la respuesta recibida fue alarmante: “no le interesaba el pago”, manteniendo la instrucción de proceder con la incautación del vehículo o, en su defecto, levantar un acta que hiciera constar un supuesto desacato a la orden, con la finalidad de perseguirlo penalmente.
Para Cepeda Medina, esta actuación revela una preocupante intención de utilizar mecanismos judiciales y procesales con fines distintos a la protección del crédito, lo que podría configurar una desviación de poder y una amenaza al Estado de derecho.
“Cuando aun frente a la evidencia del pago se insiste en la incautación o en fabricar un escenario para promover una persecución penal, ya no estamos ante la defensa de un crédito, sino ante una actuación arbitraria que debe ser esclarecida”, expresó.
El ex ejecutivo municipal sostuvo que sus abogados preparan las acciones legales correspondientes para establecer responsabilidades civiles, penales y disciplinarias derivadas de los hechos.
“La ley no puede ser usada como instrumento de retaliación personal. El cooperativismo nació para servir a la gente, no para perseguirla”, concluyó.
