La historia, suelen decir los marxistas, se repite dos veces; una vez como tragedia y otra como comedia.
Por Julio Alberto Martínez Ruíz
¿Por qué la sola posibilidad de la presencia de Gonzalo Castillo en el escenario político desata un intenso avispero entre sus detractores?
Primero decían con una sonrisa dibujada en el rostro que la candidatura de Gonzalo Castillo era un invento de Gustavo Sánchez. Bajo esa lógica lo denominaron el candidato “fantasma”, arguyendo no aparecía en los actos de promoción de sus aspiraciones.
A medida que la realidad fue distanciándose de sus deseos; moderadamente, ajustaron el discurso. Señalaron que la verdadera razón de su ausencia era por problemas con la justicia norteamericana, hasta al punto de que supuestamente le habían notificado la cancelación del visado.
También cuestionaron sus condiciones políticas y su capacidad gerencial, olvidando exprofeso que fue el ministro mejor valorado de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Como no pudieron frenar la ovación que generó en el Comité Central de su partido al momento que se leyó su nombre como aspirante; y la efervescencia de su nombre de cara a la consulta interna del PLD para definir por consenso el perfil de su candidato presidencial, se inventaron un episodio propio de la fascinante novela cumbre de Cervantes: El Quijote.
El asistente del expresidente Medina; Robert de la Cruz, imprudentemente no solo le dio aquiescencia a la idea de que Gonzalo pudiera ser el candidato que beneficia a la Fuerza del Pueblo, sino que agregó que también pudiera ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Y como si todo eso fuera poco, los “idus de marzo” han traído un nuevo “Pokémon” con un media tour en programas de opinión política que afirmó recientemente que la candidatura de Gonzalo Castillo salió de un laboratorio del PRM.
Otro Cruz, portavoz de un político que traicionó y dividió a su partido, y pactó formalmente con el PRM para sacar al PLD del poder. Irónicamente, sabe tanto de política que en sus constantes participaciones le dedica tiempo muy valioso a sus enemigos.
Es natural que sectores vinculados a Leonel Fernández ataquen de manera despiadada a quien, le propició dos derrotas políticas al expresidente hasta ese momento invicto que motivó la creación de la Fuerza del Pueblo.
En las internas del 2019, el expresidente, justificando su derrota, dijo que tenían informaciones sobre un supuesto hacker hindú que vino a Casa de Campo a alterar el algoritmo de los equipos de votación para favorecer a Gonzalo. 7 años después estamos esperando pruebas públicas de esas afirmaciones.
En las elecciones del 2020, justificó su derrota alegando que su partido era de reciente formación y, por lo tanto, no podía competir con el gobierno en ese entonces. Sin embargo, hubo acuerdos políticos soterrados para buscar por la vía del Tribunal Superior Administrativo el reconocimiento esa organización como mayoritaria. Variando el criterio de que la categoría de partido mayoritario se obtiene en función del promedio en los distintos niveles de elección, como había establecido la JCE y el TSE.
Dado lo anterior, de cara a las elecciones del 2024, había que buscar un mecanismo para aniquilar políticamente a Gonzalo Castillo y al PLD por la vía de la justicia y allanar el camino electoral al expresidente Fernández para que se convirtiera en el “líder de la oposición”.
Es cuando inicia el juicio espectáculo donde lo primero que hay que hacer es buscar un nombre rimbombante para instalar la narrativa mediática: Operación Calamar.
Uno de esos nombres que el Tribunal Constitucional mediante sentencia prohibió al Ministerio Público utilizar porque vulnera la presunción de inocencia y la dignidad humana.
Asimismo, se construye un expediente espectacular de casi cuatro mil páginas con “camiones de prueba”, para proyectar ante la opinión pública que se realizó una investigación rigurosa. Le pregunto, amigo lector, ¿Cómo se puede conocer en los tribunales, página por página, un expediente de esa magnitud?
Para lograr la sentencia social se difunde masivamente en los medios de comunicación “pruebas” de supuesto desfalco, se busca un testigo estrella; Mimilo Jiménez, delincuente confeso, que hasta el sol de este domingo hermoso no se ha visto en una sola audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; y se le pide, por supuesto, que diga lo que quieren los fiscales.
Sus conocidos vínculos con un sector del PRM fueron deliberadamente ignorados y solamente le entregó dinero sin que hasta el momento se haya probado al objeto político que quieren destruir.
Se toma lo que dice como palabra de Dios cuando hay más de un testimonio de imputados en el caso que dicen que le entregaron dinero a la campaña de Luis Abinader y el PRM. Ángel Lockward, por ejemplo, señala tener evidencias cheques que confirman sus aseveraciones.
En el juicio espectáculo más propio del Lawfare que de un interés serio de investigar la corrupción se difunde irresponsablemente esos testimonios acusatorios para darle coherencia a la narrativa política de que ese dinero “ilícito” fue utilizado en el proceso electoral del año 2019 y 2020.
Aunque ahora se espera una sentencia que determine si irá o no a un juicio de fondo; hay un consenso en la comunidad jurídica sobre todo cuando se han conocido los fraudes procesales para incriminarlo, además de la extinción de la acción penal de que no busca nada en ese expediente.
Todo eso, por supuesto, aleja a la justicia de lo que debe ser: un instrumento para que se le dé a cada uno lo que le corresponde y se establezcan sanciones, comprobadas, en función de lo que establece el Estado de derecho. Lo peligroso es la forma nociva y espectacular con la que se configuran los expedientes más propios para los medios de comunicación que para un juez imparcial en los tribunales.
¿Vendrá la revancha en el 2028? La historia, suelen decir los marxistas, se repite dos veces; una vez como tragedia y otra como comedia.
