La iniciativa plantea la incorporación de nuevos requisitos para quienes aspiren a cargos de elección popular o posiciones de dirección en los partidos, entre ellos la presentación de una declaración jurada de patrimonio, certificaciones de no antecedentes penales de los países donde hayan residido durante los últimos 15 años y la realización de una prueba antidopaje.
El proyecto también establece procedimientos de debida diligencia para verificar la procedencia de las contribuciones económicas que reciben los partidos políticos, así como la creación de una unidad de cumplimiento encargada de implementar controles internos para detectar operaciones financieras inusuales o sospechosas.
Asimismo, la propuesta busca fortalecer las funciones de la Junta Central Electoral (JCE), particularmente de su Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos, para supervisar la aplicación de estos controles y dar seguimiento a los reportes derivados de los procesos de verificación.
De acuerdo con lo expresado durante la presentación, la iniciativa surge en medio de preocupaciones sobre posibles vínculos entre actores políticos y actividades ilícitas, y busca reforzar la transparencia y la institucionalidad dentro del sistema político dominicano.
