Santo Domingo: Personas con discapacidad visual, estudiantes y padres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), junto a familiares y miembros de la comunidad, iniciaron este martes una jornada de protesta pacífica por tiempo indefinido frente al Palacio Nacional, en demanda de una solución formal, seria y sostenible que garantice la reapertura del Centro de Capacitación para Ciegos (CECAPCI), institución que lleva cuatro meses sin ofrecer sus servicios de manera regular.
Los manifestantes expresaron su preocupación debido a que, pese al tiempo transcurrido y a múltiples reuniones sostenidas con las autoridades, el proceso ha estado marcado por tácticas dilatorias y compromisos verbales sin una solución concretos. Señalan que, en el último momento, las autoridades presentaron una propuesta que consideran totalmente inaceptable e inviable.
Dicha propuesta contempla asumir el pago del local por un año y, para 2027, trasladar el financiamiento de la institución desde el CONADIS hacia el Ministerio de Educación, agregando un monto mayor al actualmente recibido para cubrir de forma permanente el alquiler.
Sin embargo, explican que esta propuesta no constituye una solución real, ya que las autoridades no pueden garantizar algo que no depende completamente de ellas. Destacan que los cambios de funcionarios dentro del gobierno podrían modificar cualquier compromiso verbal, lo que impide confiar en promesas que no estén formalmente aseguradas.
Asimismo, recordaron que la aprobación de ese presupuesto no depende únicamente del Ministerio de Educación, sino también del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, la Dirección General de Presupuesto y, posteriormente, del Congreso Nacional, entidades que pueden aprobar, reducir, modificar o rechazar cualquier partida presupuestaria.
Añadieron que, aun en caso de aprobarse un presupuesto significativo, la Ley 122-05 que regula las asociaciones sin fines de lucro solo permite destinar un 20 % a gastos administrativos, lo que hace inviable cubrir el costo real del local, especialmente ante los aumentos anuales de la renta.
Precisamente por esta limitación legal, durante años el local fue sostenido con fondos propios de los miembros fundadores del centro, quienes realizaron grandes sacrificios personales para mantener en funcionamiento una institución que hoy representa una necesidad vital para cientos de familias.
“No se trata de vender sueños ni de ofrecer propuestas atractivas a largo plazo. Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo la discapacidad, la inclusión y la estabilidad de los servicios que reciben estas familias. Por eso consideramos que esta propuesta es inaceptable”, expresaron los manifestantes.
Recordaron que el CECAPCI tuvo que cerrar de manera urgente debido al grave deterioro estructural del local donde operaba, el cual se encontraba y aún se encuentra al borde del colapso, representando un riesgo para estudiantes, usuarios, docentes y personal administrativo.
La directora del centro, Ana García, informó que el pasado 13 de marzo sostuvo una reunión con el ministro de Educación, quien manifestó su disposición de colaborar en la búsqueda de una solución.
“No dudamos de la buena intención del señor ministro; sin embargo, el proceso ha sido dilatado y, en lugar de una solución formal, se nos presenta una propuesta que no resuelve el problema de fondo ni garantiza la estabilidad futura del centro”, explicó García.
Aclaró que la protesta no tiene fines políticos ni busca presionar o afectar la gestión de ninguna autoridad, sino responder a la urgente necesidad que existe en Santiago y toda la región del Cibao de contar con este centro especializado.