El Congreso Nacional, como primer poder del Estado, tiene un papel esencial en la defensa del orden constitucional y en el equilibrio entre los poderes públicos. Su función no se limita a legislar, sino que incluye fiscalizar al Poder Ejecutivo y garantizar que las actuaciones del gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se ajusten a la Constitución y las leyes.
En un Estado democrático, la separación de poderes exige que el Congreso actúe con independencia y responsabilidad. Sin embargo, cuando este órgano incurre en omisiones o actúa de manera complaciente frente a decisiones cuestionables del Ejecutivo, se debilita el sistema de pesos y contrapesos, abriendo espacio a posibles violaciones constitucionales y legales.
Se ha observado una tendencia preocupante en la aprobación de leyes sin el debido análisis de constitucionalidad, incluso en contradicción con precedentes del Tribunal Constitucional. Esta práctica constituye una forma indirecta de desacato a la Constitución, afectando la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones del Estado.
Asimismo, el Congreso posee herramientas clave para combatir la corrupción, como las investigaciones y el juicio político, pero su uso limitado frente a denuncias relevantes genera una percepción de inacción. A esto se suman cuestionamientos sobre la transparencia dentro del propio órgano legislativo, lo que debilita su credibilidad como ente fiscalizador.
El Congreso Nacional está llamado a asumir un rol más firme y activo en la defensa de la Constitución y la legalidad. Su legitimidad depende no solo de su origen democrático, sino de su compromiso con el Estado de derecho, actuando con independencia, transparencia y en beneficio del interés general de la nación.
