La entidad señaló que la detención de este proceso técnico limita el análisis necesario para garantizar que la actividad minera se desarrolle bajo estándares ambientales rigurosos, lo que, a su juicio, debilita la institucionalidad en lugar de fortalecerla.
Llamado a criterios técnicos
CAMIPE enfatizó que las decisiones sobre proyectos de alto impacto deben basarse en evaluaciones técnicas, cumplimiento legal y respeto al debido proceso, advirtiendo que medidas como esta pueden afectar la seguridad jurídica y la percepción de estabilidad del país ante inversionistas.
Crecimiento del sector
El gremio recordó que el sector minero dominicano creció 7.7 % en el primer trimestre de 2026, consolidándose como un motor clave de inversión, empleo y encadenamientos productivos.
Ante este escenario, la organización reiteró la necesidad de aprobar una nueva Ley de Minería que establezca reglas claras, garantice transparencia, fortalezca la fiscalización ambiental y promueva una participación social efectiva.
Indicó que el debate sobre la minería no debe plantearse como una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental, sino como una oportunidad para consolidar un modelo sostenible.
Apertura al diálogo
CAMIPE valoró la disposición al diálogo expresada por el presidente Luis Abinader y reiteró su disposición de aportar conocimientos técnicos en un proceso inclusivo que integre a comunidades, autoridades, expertos y sectores productivos.
“República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental, sino avanzar hacia una minería responsable, evaluada técnicamente y socialmente dialogada”, concluyó la entidad.
