El sistema de justicia dominicano vivió una jornada de parálisis casi total tras el paro nacional realizado por jueces y servidores judiciales en reclamo de mejores condiciones laborales, indexación salarial y soluciones a problemas estructurales que afectan el funcionamiento de los tribunales. La protesta reunió a cientos de magistrados vestidos con sus togas frente a distintos palacios de justicia del país, donde leyeron un manifiesto respaldado por 450 miembros de la judicatura. De los 737 jueces del sistema, la mayoría se acogió a la huelga, manteniéndose únicamente los servicios esenciales de Atención Permanente para garantizar el cumplimiento de los plazos constitucionales.
Los organizadores calificaron la protesta como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados. Entre las principales demandas figuran la revisión del Manual de Compensaciones aprobado en 2022, considerado desigual e injusto, así como la equiparación salarial con otros altos funcionarios del Estado. También denunciaron deficiencias graves como bajos salarios, diferencias de remuneración, falta de personal administrativo, deterioro de infraestructuras, inseguridad en los palacios de justicia y una creciente sobrecarga laboral que afecta la calidad del servicio judicial.
El paro se produjo luego del fracaso de un intento de diálogo con las autoridades judiciales. Según denunciaron representantes de los jueces, ninguna autoridad titular del Poder Judicial ni de la Dirección General de Carrera Judicial recibió a la comisión que buscaba discutir las demandas. La reunión fue encabezada por funcionarios sin capacidad de decisión, quienes se limitaron a prometer que las inquietudes serían “canalizadas” ante el Consejo del Poder Judicial. Para los magistrados, esta respuesta simboliza años de indiferencia institucional y ausencia de soluciones concretas.
Detrás de las reclamaciones salariales existe además una crisis estructural marcada por la falta de jueces y servidores judiciales. Actualmente, más de un centenar de plazas de jueces de paz permanecen vacantes, obligando a muchos magistrados a asumir cargas laborales excesivas. En algunas jurisdicciones, un solo juez puede conocer decenas de audiencias en un día. A esto se suma la renuncia de más de 500 servidores judiciales en el último año, cuyas posiciones aún no han sido cubiertas, generando retrasos procesales y acumulación de expedientes en todo el país.
La situación se agrava por las limitaciones del sistema de formación judicial. La Escuela Nacional de la Judicatura, único camino institucional para ingresar a la carrera judicial, opera con una capacidad insuficiente frente a las necesidades reales del sistema. Aunque desde 2002 ha formado poco más de 500 jueces, las vacantes continúan creciendo. En enero de 2026 apenas ingresaron 13 aspirantes al programa de formación, una cifra considerada mínima para responder a la demanda nacional. Los jueces también denuncian que las convocatorias son escasas y que los procesos burocráticos dificultan el acceso de nuevos profesionales a la judicatura.
El movimiento recibió respaldo de la Asociación de Fiscales Dominicanos, de abogados y de diversos sectores de la sociedad civil, quienes consideran legítimos los reclamos. En respuesta, el Consejo del Poder Judicial anunció medidas orientadas a agilizar nombramientos, revisar la movilidad en la carrera judicial e identificar recursos para suplencias y vacantes. Asimismo, el Ministerio de Hacienda expresó disposición de habilitar gradualmente fondos en los presupuestos de 2026 y 2027. Sin embargo, los organizadores advirtieron que no abandonarán la lucha mientras no existan soluciones reales y verificables.
El paro del 21 de mayo dejó en evidencia que la crisis judicial dominicana va mucho más allá de una discusión salarial. Los jueces sostienen que una justicia eficiente no puede depender únicamente de la vocación y el sacrificio personal de sus integrantes, sino de condiciones institucionales adecuadas que garanticen independencia, eficiencia y acceso oportuno para los ciudadanos. La advertencia final del movimiento fue clara: si no llegan respuestas concretas, podrían convocarse nuevas paralizaciones de mayor alcance, colocando al Poder Judicial y al Estado dominicano ante una presión institucional sin precedentes.
Como Abogado aspirante al ingreso a la formacion para jueces, se que, la Escuela Nacional de la Judicatura no es más que un sedazo que solo permite el paso, a través de una "Examen Español, que se aplica a aspirantes a Administradores Empresariales", la ENJ busca y clasifica a quienes les puedan beneficiar o servir a sus intereses.
