SANTO DOMINGO: La paralización de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en San Juan, reactivó el debate sobre seguridad jurídica, marco regulatorio, inversión y sostenibilidad en República Dominicana.Prevención de fraudes
La Cámara Minera Petrolera, la decisión no solo impacta un proyecto específico, sino que también plantea interrogantes sobre confianza institucional en el país.
En la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, Pedro Esteva y Martín Valerio, presidente y director ejecutivo, respectivamente, de la Cámara Minera, advirtieron que la discusión trasciende la minería y toca directamente la percepción sobre estabilidad regulatoria para cualquier sector económico.
Los directivos de la organización calcularon que minería representa en promedio cerca de un 2% del producto interno bruto dominicano. También recordaron que los proyectos en explotación dependen de inversiones de exploración realizadas muchos años antes, por lo que decisiones que desincentiven ese proceso podrían afectar futuras operaciones. Además de ingresos y desarrollo económico.Noticias Dominicanas
La Cámara Minera y Petrolera advirtió que detener procesos establecidos dentro del marco legal, como estudios de impacto ambiental, podría generar preocupación más allá del sector minero, al crear precedentes observados por inversionistas de distintas áreas.
Los directivos de Camipe insistieron en que las preocupaciones ambientales y sociales son legítimas, pero plantearon que República Dominicana necesita actualizar su ley minera, vigente desde 1971.
La Cámara considera que el contexto actual representa una oportunidad para abrir un diálogo más amplio entre Estado, comunidades y sector privado, que permita reglas más claras y mayor transparencia. También una discusión más moderna sobre cómo equilibrar desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y confianza para la inversión.
