El jurista sostuvo que el manejo oficial del caso provocó un daño reputacional y económico a un restaurante que fue cerrado públicamente antes de que estuvieran disponibles los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), sobre las causas reales de la muerte.
Eddy explicó que, si bien la administración pública puede adoptar medidas preventivas cuando existen indicios de un posible riesgo para la ciudadanía, esas acciones deben tomarse con prudencia, especialmente cuando pueden afectar la reputación de una empresa.
A su juicio, las autoridades pudieron realizar una inspección o incluso disponer un cierre preventivo, pero sin exponer públicamente al establecimiento hasta contar con una experticia concluyente.
“El asunto es por qué hacerlo público”, planteó Eddy, al señalar que el cierre divulgado antes del informe definitivo generó un daño que podría mantenerse en el tiempo.
El abogado consideró que hubo una descoordinación entre las instituciones actuantes, debido a que el restaurante fue vinculado públicamente al caso antes de establecerse que la causa de muerte habría sido monóxido de carbono en el apartamento donde se encontraban las víctimas.
Víctor Eddy afirmó que, desde el punto de vista jurídico, en un caso como este podría proceder una acción en responsabilidad patrimonial contra la administración pública, por el daño causado a la imagen y operación comercial del restaurante.
Sin embargo, reconoció que el propio comercio habría dicho que no contempla demandar, una decisión que, desde la óptica comunicacional, podría buscar evitar que el tema siga vivo en la opinión pública.
El jurista advirtió que el problema es que, en la actualidad, los daños reputacionales no desaparecen fácilmente, debido a que internet, los buscadores y las plataformas de inteligencia artificial conservan y replican información por largo tiempo.
Eddy planteó que la administración pública debería reconocer su falla y ofrecer algún tipo de corrección o disculpa, así como actuó públicamente al cerrar el establecimiento.
Afirmó que este tipo de situaciones obliga a las autoridades a manejar con mayor cuidado los casos sensibles, especialmente cuando las decisiones preventivas pueden afectar la reputación, la economía y la confianza pública en una marca.
En otro tema, Víctor Eddy valoró positivamente la actuación del juez Raymundo Mejía durante el conocimiento del caso Jet Set, al considerar que el magistrado ofreció una verdadera cátedra sobre el proceso penal y las garantías que deben observarse en cada etapa.
El abogado afirmó que Mejía explicó con claridad la diferencia entre una medida de coerción y un juicio de fondo, recordando que en esa fase no se determina culpabilidad, sino elementos como la existencia de indicios, la vinculación procesal y el peligro de fuga.
“Dio cátedra”, expresó Eddy, al señalar que ojalá más jueces se tomaran el tiempo de explicar sus decisiones de forma comprensible tanto para abogados como para ciudadanos sin formación jurídica.
El jurista sostuvo que el juez puso “la vara alta” para los demás magistrados del ámbito penal, al actuar conforme al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad.
Eddy recordó que el proceso penal dominicano está dividido en distintas etapas, por lo que no debe confundirse una medida de coerción con una condena o una declaración de culpabilidad.
También defendió que el juez de la etapa preliminar cumple una función de control, verificando que las pruebas y actuaciones del expediente sean válidas para pasar a un eventual juicio de fondo.
A su entender, la justicia penal no existe para tomar venganza, sino para garantizar justicia dentro del marco de la ley, respetando derechos, principios y garantías procesales.
“Ojalá que esta tierra para más jueces como Raymundo Mejía”, sostuvo.
El abogado también llamó a la ciudadanía a no quedarse únicamente con titulares o interpretaciones superficiales de los procesos judiciales.
Indicó que muchas veces la opinión pública asume que una persona es culpable desde el conocimiento de una medida de coerción, sin comprender que el proceso penal tiene varias fases y que cada una cumple una función distinta.
Eddy sostuvo que el país necesita mayor educación jurídica para que los ciudadanos entiendan conceptos como estado de derecho, debido proceso, igualdad de armas, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia.
Asimismo, mostró preocupación por el silencio de los jueces frente a las reivindicaciones del Poder Judicial, al señalar que no deben callar si todavía existen reclamos pendientes en materia de infraestructura, personal, condiciones laborales y funcionamiento institucional.
Víctor Eddy también se refirió al senador Omar Fernández y a las críticas que ha recibido dentro del escenario político, especialmente luego de sus llamados a la introspección dentro de la Fuerza del Pueblo.
El abogado dijo que en un momento entendía que a Omar Fernández lo estaban llevando demasiado rápido en su carrera política, pero afirmó que ahora percibe que son sus propios adversarios quienes están acelerando su crecimiento.
Según Eddy, algunos de esos adversarios se presentan como amigos de su padre, el expresidente Leonel Fernández, pero actúan como obstáculos frente al desarrollo político del senador.
Reconoció que Omar Fernández no tendría la misma plataforma pública sin el nombre y la trayectoria de su padre, pero afirmó que su mérito ha sido construir su propio camino y mostrar una forma particular de pensar.
Eddy criticó que se le ataque por pedir reflexión interna en un momento en que, según dijo, existe un descrédito general del sistema de partidos y una parte importante de la población expresa rechazo o desconfianza hacia las organizaciones políticas.
A su juicio, todos los partidos deberían hacer introspección para revisar en qué están fallando y cómo volver a conectar con la sociedad.
El abogado concluyó que no se debe descalificar a Omar Fernández de manera despectiva por su edad o por plantear una revisión interna, al considerar que el respeto hacia una figura política también debe alcanzar a su trayectoria y a su derecho a pensar con autonomía.
Eddy también destacó la labor de Otto Risch en la publicación de los recaudos de peajes correspondientes al período enero-mayo, al considerar que esa práctica rinde tributo a principios como la transparencia y la seguridad jurídica.
El abogado valoró que un funcionario joven asuma la publicación de datos como una forma de rendición de cuentas, especialmente porque, según recordó, anteriormente había hecho críticas públicas sobre ese tema.
Afirmó que esa transparencia permite a la ciudadanía conocer el comportamiento de las recaudaciones y contribuye a fortalecer la confianza en la administración pública.
