HONDURAS: El Congreso Nacional aprobó este lunes, una reforma al Código Penal que endurece las sanciones por feminicidio, elevando las penas de prisión de 25 a 30 años. En los casos agravados, las condenas oscilarán entre 30 y 40 años, mientras que la legislación contempla penas de hasta 60 años de cárcel en circunstancias específicas establecidas por la ley.
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, afirmó que la reforma busca enviar un mensaje de firmeza contra quienes ejercen violencia extrema contra las mujeres.
Reformas al sistema de justicia
La iniciativa fue respaldada por una comisión multipartidaria y presentada ante el pleno legislativo con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a los crímenes cometidos contra las mujeres.
Además del aumento de las penas, la normativa incorpora cambios en el sistema judicial, entre ellos la creación de un circuito especializado para la investigación y judicialización de los casos de feminicidio.
Lissi Matute Cano, aseguró que existe un compromiso institucional para fortalecer las herramientas legales destinadas a combatir este tipo de delitos.
Persisten la violencia y la impunidad
La aprobación de las reformas se produce en medio de una creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en Honduras.
Organizaciones feministas, entre ellas Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, denunciaron que al menos 108 mujeres habían sido asesinadas de forma violenta hasta finales de mayo de 2026.
Las agrupaciones advirtieron que la cifra continúa aumentando y alertaron sobre los altos niveles de impunidad que rodean estos casos.
Organizaciones reclaman mayores resultados
Según datos de estas organizaciones, cerca del 95 % de los casos permanece sin una resolución judicial efectiva.
Los registros señalan que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho concentran una parte importante de los asesinatos de mujeres, aunque los hechos son reportados en distintas regiones del país.
Las organizaciones consideran que, además del endurecimiento de las penas, es necesario fortalecer la investigación criminal y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
