Los ediles recordaron que la Sala Capitular otorgó un plazo de quince días para crear una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados, incluyendo a los sindicatos de camioneros. El objetivo de este espacio era construir propuestas concretas para frenar los daños ambientales, sociales y de infraestructura que sufre la comunidad debido a esta actividad económica.
Durante los encuentros, los regidores participaron activamente en la elaboración de un borrador de protocolo regulatorio. Incluso, una comisión especial se trasladó a Santo Domingo para realizar gestiones ante las autoridades portuarias, logrando dejar listo un documento base para la firma de las partes. Sin embargo, los concejales denunciaron que, tras vencerse el plazo y transcurrir varios días adicionales, no han recibido información oficial ni se ha convocado a la firma del acuerdo.
"Nuestra preocupación surge porque los problemas que motivaron este proceso continúan afectando a la población de Barahona. La emisión de polvo, el tránsito constante de vehículos pesados, el deterioro de las vías, los riesgos para la seguridad vial y el impacto sobre la calidad de vida siguen requiriendo atención urgente", manifestaron los regidores en un documento de prensa.
Pérez, Báez y Féliz aclararon que su intención no es frenar las actividades económicas que generan empleos en la provincia, sino garantizar que operen bajo normas claras, responsables y respetuosas con el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos.
Finalmente, solicitaron formalmente a las autoridades competentes informar al Concejo de Regidores y a la ciudadanía sobre el estatus real del proceso, y convocar a la mayor brevedad posible a todos los actores para concluir la aprobación y firma definitiva del protocolo.
