En llamada al programa Acción Mañanera de Palma 90. 7 FM, Corniel informó que reunió con el procurador fiscal titular de Barahona, Wellington Matos Espinal, a quien le expuso sus inquietudes sobre la actuación de fiscales durante la ejecución de órdenes de allanamiento.
De acuerdo con el abogado, el fiscal titular le expresó que llamará la atención de los miembros del Ministerio Público para que observen el procedimiento legal correspondiente.
Sostuvo que el artículo 183 del Código Procesal Penal establece claramente los pasos que deben agotarse durante un allanamiento. Explicó que el registro de una vivienda debe ser dirigido por el representante del Ministerio Público y no por los agentes policiales.
Asimismo, indicó que el fiscal actuante debe identificarse ante el propietario o la persona que ocupe la vivienda, leer la orden de allanamiento antes de iniciar el registro y, al concluir la diligencia, entregar una copia del acta correspondiente.
Sin embargo, Corniel afirmó que, en numerosos casos, dicho procedimiento no se cumple.
«Lo que estamos observando es que primero entra la Policía, rompe puertas, registra la vivienda, desorganiza todo y luego el Ministerio Público actúa cuando ya los hechos han ocurrido. El fiscal pierde el control de lo que sucede durante el allanamiento», expresó.
Aclaró que existen fiscales que sí cumplen con las disposiciones legales y realizan los allanamientos respetando el debido proceso, por lo que calificó esos casos como «honrosas excepciones».
También cuestionó la forma en que se produce el acceso a algunas viviendas durante los operativos, señalando que, cuando es necesario ingresar por la fuerza, el procedimiento debe realizarse con el menor daño posible y respetando la propiedad de los ciudadanos.
Corniel manifestó que inicialmente intentó canalizar sus preocupaciones de manera institucional mediante el diálogo con las autoridades del Ministerio Público, pero aseguró que, al continuar produciéndose allanamientos que considera irregulares, decidió hacer pública su denuncia.
Enfatizó que, su cuestionamiento no está dirigido contra toda la institución del Ministerio Público, sino contra aquellos fiscales que, según sostiene, incumplen las normas procesales durante la ejecución de los allanamientos.
Hizo un llamado al procurador fiscal titular Wellington Matos Espinal para que instruya a los fiscales de la provincia a respetar el procedimiento establecido por la Constitución y el Código Procesal Penal, garantizando el debido proceso, la dignidad de las personas y la protección de sus derechos fundamentales durante este tipo de actuaciones judiciales.
