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En un régimen de derecho debe prevalecer siempre el respeto a las decisiones que emanan los tribunales competentes.
A menos que no vivamos en un pais en donde se pretende dar a la justicia ribetes de independiente pero solo hasta el momento que el juez actúe con total independencia.
El plan contra la justicia inicio al momento en que el presidente de la República, en acción con sus aliados de la Fuerza del Pueblo, estructuran un aparato persecutor con integrantes comprometidos con la retaliación, como la magistrada Doña Mirian German; una ex funcionaria o Fiscal del Distrito en los gobiernos de Leonel Fernández.
El plan perfecto.
Con esa estructura, a la que se ha pretendido siempre presentar como "justicia independiente", le fue suficiente al gobierno y sus aliados, desatar la más ruin de sus cacerías contra los ex funcionarios del pasado gobierno, a quienes se violó el debido proceso, se aplicó toda clase de abusos y atropellos, como el de usar la madrugada para humillar y sacar en calzoncillos; colocar casco de hierro y pasearlos por en medio de la ciudad tal si estuviéramos en la antigua Roma con Barrabas en el pelotón de acusado; así usar el poder mediático para presentar como delincuentes a sus acusados, sin que medie siquiera la acción de los jueces.
Pero el gobierno, por si a caso falla la acción de la justicia independiente, se empeñó también en la creación por Decreto de los llamados jueces del estado, tal "perros sedientos al servicio de lo que diga el partido y el jefe de Estado.
Es así como el PRM, la Fuerza del Pueblo y Luis Abinader proceden rechazando la decisión de los tribunales, que no encontrar pruebas en las acusaciones contra Gonzalo Castillo y Ramón Peralta, procedió favoreciendo con un no a lugar a dos de los acusados o víctimas del odio y el miedo palaciego.
Si el gobierno respetara las reglas de juego que en materia de justicia establece la Constitución, entonces la decisión de la jueza Altagracia Ramírez fuera sagrada y asumida con respeto.
Pero lo que acontece en el mundo político, genera miedos, tanto en el PRM, la Fuerza del Pueblo y los funcionarios mas cercanos al Palacio Nacional.
Es por el miedo al crecimiento político de Gonzalo Castillo, que el gobierno ha ordenado a los abogados creados y contratados por Decreto, para que esto se opongan a los decisión de la jueza Ramírez, quien declaró un no a lugar contra el mamotreto acusatorio.
El miedo a Gonzalo Castillo viene desde las filas del PRM y la FP, quienes van en picada ante el crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la acogida social y política de Gonzalo Castillo.
El gobierno debe pesarlo muy bien, pues el 2028 podría traer la sorpresa de que la torna en el Palacio cambió de dueños, y lo que quede en los papeles y decisiones sean los abusos, el plan ilegal y la acción criminal de unos funcionarios y políticos que en sus actuaciones piensan que al poder se llega para siempre.
Cuidadito después, la advertencia está sobre el tapete.
