En el año 2006, el Poder Ejecutivo restringió el horario de expendio de bebidas alcohólicas mediante el Decreto núm. 308-06. La medida respondía a una realidad que, desde la criminología, resultaba atendible: el alcohol constituye un importante criminógeno, es decir, un factor que incrementa el riesgo de conductas violentas. Las estadísticas disponibles para la época justificaban la adopción de medidas dirigidas a reducir esos hechos.
Sin embargo, lo excepcional no puede convertirse en permanente. Precisamente ese es el núcleo de la Sentencia TC/0386/26 del Tribunal Constitucional. La decisión no niega que el Estado pueda regular el horario de venta de bebidas alcohólicas ni desconoce las razones de orden público que puedan justificar esa regulación. Lo que establece es que una restricción de esa naturaleza, por afectar derechos fundamentales como la libertad de empresa y el libre ejercicio del comercio, no puede mantenerse indefinidamente mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
Por esa razón, el Tribunal no eliminó de inmediato la regulación. Todo lo contrario: mantuvo sus efectos durante dos años para que, si el Estado considera necesaria la restricción, esta sea establecida mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional, conforme a las exigencias constitucionales.
Lamentablemente, el contenido de la sentencia ha sido poco comprendido. Muchas personas han interpretado que, a partir de ella, los establecimientos podrán vender bebidas alcohólicas hasta el amanecer. Eso simplemente no dice la decisión. El Tribunal no abrió los horarios; únicamente corrigió el mecanismo jurídico mediante el cual se había impuesto una limitación de carácter prácticamente indefinido.
La sentencia también deja al descubierto otra realidad: después de casi veinte años de vigencia del decreto, el Estado nunca diseñó una política seria para reeducar a la sociedad dominicana en materia de prevención de la violencia. Hoy seguimos presenciando hechos violentos que, en muchos casos, ni siquiera guardan relación con el consumo de alcohol. Eso demuestra que el problema es mucho más profundo que un horario de venta.
Como criminalista, considero que el crimen debe prevenirse desde sus raíces. La educación, la cultura, el fortalecimiento de la familia, la formación en valores y la construcción de ciudadanía producen resultados mucho más duraderos que las restricciones administrativas. La represión y la limitación de derechos pueden contener temporalmente un fenómeno, pero difícilmente lo transforman.
Entiendo que el comercio lícito debe desarrollarse con la mayor libertad posible, porque también constituye un motor de la economía y del desarrollo. Si el Estado estima indispensable limitar esa libertad por razones de seguridad, debe hacerlo respetando la Constitución y, sobre todo, acompañando esa decisión de políticas públicas capaces de atacar las verdaderas causas de la violencia.
El desafío nunca ha sido cerrar los negocios más temprano. El verdadero desafío ha sido construir una sociedad menos violenta.
