SANTO DOMINGO: El abogado Víctor Eddy Mateo advirtió en El Sol de la Mañana que las disposiciones vinculadas a la denominada “Ley Mordaza” podrían afectar la libertad de expresión debido a la amplitud y ambigüedad con que están formuladas figuras como la difamación, la injuria y el ultraje.
Mateo aclaró que la “Ley Mordaza” no constituye una legislación independiente, sino una expresión utilizada para identificar varias disposiciones que regulan expresiones capaces de afectar el honor, la reputación y la imagen de una persona.
Difamación debe probarse ante los tribunales
El jurista sostuvo que una persona que difame debe responder legalmente cuando se demuestre que difundió acusaciones falsas y provocó un daño. No obstante, rechazó que la prisión sea aplicada de manera automática en todos los casos.
“La cárcel debe ser la última ratio”, expresó Mateo, quien explicó que la tendencia es priorizar sanciones civiles, compensaciones económicas y medidas de retractación, reservando las penas más severas para conductas graves, reincidentes o relacionadas con la difamación extorsiva.
Señaló que la difamación, especialmente cuando tiene fines de chantaje o extorsión, debe ser demostrada ante los tribunales. Agregó que quien viole la ley debe pagar por sus actos, “pero de manera proporcional”.
Advierte sobre redacciones ambiguas
Mateo alertó que una definición demasiado amplia de difamación puede convertirse en “un arma de doble filo”, debido a que permitiría distintas interpretaciones judiciales y podría utilizarse contra periodistas, comunicadores o ciudadanos que formulen críticas sustentadas.
También planteó que los funcionarios y las personalidades públicas deben soportar un mayor nivel de cuestionamiento por las responsabilidades que ejercen, siempre que las críticas estén fundamentadas y no impliquen acusaciones falsas realizadas con malicia.
El abogado concluyó que deben establecerse límites claros entre la crítica legítima, la información basada en pruebas y la difamación, para proteger simultáneamente la libertad de expresión y el derecho de las personas a preservar su reputación.
