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jueves, 2 de julio de 2026

Víctor Mateo dice jueces que aspiran a permanecer en SCJ no deben evaluar a otros y llama a fortalecer el Estado de Derecho

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SANTO DOMINGO: El abogado Víctor Eddy Mateo consideró este jueves que los jueces de la Suprema Corte de Justicia que aspiren a permanecer en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no deberían participar en la evaluación de otros jueces, al entender que podrían incurrir en una condición de juez y parte dentro del proceso.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en El Sol de la Mañana, donde fue abordado sobre una comunicación enviada al CNM que plantea la posible inhibición de magistrados que estén en proceso de evaluación para continuar en la Suprema Corte

Deben evitar conflicto de interés

Mateo explicó que, si un juez tiene interés en ser evaluado para permanecer en el cargo, lo correcto es que no intervenga en la valoración de otros aspirantes, para evitar cualquier sesgo o conflicto de interés dentro del proceso de selección judicial.

El jurista señaló que este tipo de planteamientos resulta oportuno en el contexto actual, en el que el país se prepara para eventuales evaluaciones de jueces por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Asimismo, advirtió sobre la importancia de garantizar la transparencia y la objetividad en los procesos institucionales, especialmente en órganos de alta jerarquía del sistema de justicia.

Reflexión sobre el Estado de Derecho y el caso de Allan Brewer-Carías

En otro orden, el abogado se refirió a un artículo de su autoría sobre el jurista venezolano Allan Brewer-Carías, a quien definió como un defensor del Estado de Derecho y del control de la administración pública.

Mateo explicó que Brewer-Carías tuvo que exiliarse debido a su oposición a regímenes autoritarios, y que su caso refleja la importancia de preservar las garantías institucionales en sistemas democráticos.

El jurista destacó que el Estado de Derecho se fundamenta en la existencia de controles efectivos sobre la administración pública, especialmente a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de supervisar la legalidad de las actuaciones del Estado.

En ese sentido, advirtió que cuando las instituciones pierden independencia o se ven influenciadas por factores externos, se debilita la calidad de las decisiones judiciales, afectando la confianza en el sistema de justicia.

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