La ley, explica que será acusado de fraude eléctrico, aquel que intencionalmente sustraiga, o se apropie de energía eléctrica, para su propio beneficio o el de terceros a través de la manipulación, instalación o manejo clandestino de medidores, el que modifique los registros de consumo y todo aquel que haga una conexión directa al sistema de suministro de energía eléctrica, sin que haya un contrato previo de servicio con la empresa distribuidora.
Para consumos establecidos en Baja Tarifa Simple, si la energía fue superior a mil kilovatios, el delito se castiga con prisión de tres a cinco días, o multas de tres a cinco salarios mínimos. Pero, si la energía es superior a mil kilovatios, las penas van de 5 a 10 días de prisión, y multas de hasta diez salarios mínimos. Si el robo fue superior a los 2 mil kilovatios, se sanciona con prisión de diez a 20 días y multas de 10 a 20 salarios mínimos.
Mientras que para consumos establecidos en Tarifa con Demanda, se castiga con prisión de tres a seis y multa de 40 a 80 salarios mínimos cuando la potencia sustraída sea hasta veinte kilowatts. En esa escala, si la potencia sustraída es superior a 100 kilowatts, el detractor será castigado con prisión de tres años y multa de trescientos veinte a cinco mil salarios mínimos.
Las infracciones serán agravadas si fueron cometidas por empleados o ex empleados de cualquiera de las empresas públicas o privadas o sus contratistas, vinculados al sector eléctrico. Los mismos recibirán penas de 5 a diez años de prisión.
