POR EZEQUIEL CUEVAS
En una democracia auténtica, la soberanía reside en el pueblo. Así lo establece la Constitución de nuestro País cuando reconoce que todos los poderes del Estado emanan de la voluntad popular. Bajo ese principio, los dominicanos elegimos al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a los alcaldes y a los directores de distritos municipales. Sin embargo, existe un poder fundamental para la vida institucional de la nación cuyos máximos integrantes no son escogidos directamente por los ciudadanos: el Poder Judicial. Esta realidad plantea una pregunta legítima: ¿deberían los jueces del más alto tribunal del país ser elegidos por el pueblo?
La Suprema Corte de Justicia no es una institución cualquiera. Sus decisiones influyen en la interpretación de las leyes, garantizan la seguridad jurídica y, en muchos casos, determinan el rumbo de importantes conflictos económicos, sociales y políticos. Aunque sus magistrados no legislan ni gobiernan, sus sentencias tienen un impacto profundo en la vida nacional. Por esa razón, resulta razonable que la ciudadanía participe de manera más directa en la selección de quienes ejercen tan elevada responsabilidad.
Actualmente, los jueces de la Suprema Corte son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano integrado por representantes de los principales partidos políticos. Si bien este modelo busca garantizar la selección de personas con capacidad técnica y experiencia jurídica, no puede ignorarse que los miembros de dicho consejo son, en su mayoría, actores políticos del momento. Esto genera la percepción de que las altas cortes pueden estar sujetas a compromisos o influencias derivadas de los procesos de designación, afectando la confianza ciudadana en la independencia del Poder Judicial.
La elección popular de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia fortalecería la legitimidad democrática de esta institución. Un juez elegido por el voto de los ciudadanos tendría un mandato respaldado directamente por la soberanía popular, lo que reforzaría la confianza pública en sus decisiones. Además, contribuiría a acercar la justicia a la población, permitiendo que los ciudadanos conozcan las trayectorias, propuestas y visiones de quienes aspiran a ocupar tan importante función.
Quienes se oponen a esta propuesta argumentan que la elección popular podría politizar la justicia. Se trata de una preocupación válida que merece ser tomada en consideración. Sin embargo, la solución no consiste en excluir al pueblo de la toma de decisiones, sino en diseñar mecanismos que garanticen la idoneidad de los candidatos. Podrían establecerse requisitos rigurosos de experiencia profesional, formación académica, trayectoria ética y producción jurídica, de manera que solo los juristas más capacitados puedan aspirar a integrar el máximo tribunal del país.
La democracia moderna exige cada vez mayores niveles de participación ciudadana y transparencia institucional. En una época donde los ciudadanos reclaman instituciones más abiertas, responsables y cercanas a la gente, resulta oportuno debatir si la justicia dominicana debe continuar siendo una esfera reservada exclusivamente a decisiones indirectas o si de los políticos, por el contrario, debe abrir espacios para que el pueblo participe en la conformación de su más alta autoridad judicial. La confianza en la justicia no se construye únicamente con buenas sentencias, sino también con procedimientos que inspiren legitimidad y credibilidad.
La República Dominicana ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas. Sin embargo, toda democracia madura debe estar dispuesta a revisar sus estructuras y perfeccionar sus mecanismos de representación. Permitir que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por el pueblo, bajo reglas que preserven la independencia judicial y la excelencia profesional, podría constituir un paso importante hacia una justicia más legítima, más transparente y más cercana a los ciudadanos. Después de todo, si la soberanía pertenece al pueblo, no sería irracional, que sea el propio pueblo ¿quién tenga la última palabra sobre quiénes administren la justicia en su nombre
