SANTO DOMINGO: El abogado Víctor Eddy Mateo analizó este jueves desde el punto de vista jurídico el proceso de separación entre el expelotero de Grandes Ligas Edwin Encarnación y la comunicadora Karen Yapoort, destacando la importancia de preservar la dignidad y el interés superior de los hijos de la pareja, principios protegidos por la Constitución Dominicana y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.Turismo República Dominicana
Durante su participación en El Sol de la Mañana, Mateo aclaró que el debate alrededor de la separación debe abordarse desde la perspectiva legal y no desde los aspectos faranduleros, debido a que existen menores involucrados que requieren una protección especial.
El jurista recordó que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes constituye un principio fundamental dentro del ordenamiento jurídico dominicano y que las decisiones de los padres, especialmente cuando son figuras públicas, deben tomar en cuenta la protección de la imagen y privacidad de los menores.
Llama a proteger la dignidad de los hijos de la pareja
Mateo señaló que existe una contradicción en el manejo público del tema, al indicar que durante la relación matrimonial la familia era expuesta frecuentemente en redes sociales, pero que ahora se solicita respeto y protección para los hijos ante la situación de separación.
“Lo importante es preservar la dignidad humana y, sobre todo, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”, expresó el abogado al referirse al marco legal que protege a los menores.
Indicó que el hecho de que los padres sean personas conocidas públicamente no elimina la obligación de proteger a los niños frente a cualquier exposición que pueda afectar sus derechos.
Aclara cómo funciona la separación de bienes
Sobre los comentarios surgidos alrededor del patrimonio de la pareja, Víctor Eddy Mateo explicó que Edwin Encarnación y Karen Yapoort contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, una modalidad utilizada con frecuencia por jugadores profesionales de Grandes Ligas para proteger sus patrimonios.
El abogado aclaró que este régimen significa que los bienes que cada persona poseía antes del matrimonio y los que adquiera posteriormente con recursos propios permanecen bajo su titularidad individual.
“Cuando una persona contrae matrimonio bajo separación de bienes, lo que esa persona adquiera, aunque sea dentro del matrimonio, con su dinero es de él”, explicó Mateo.
Sin embargo, precisó que si durante el matrimonio ambos crean una empresa, compran una propiedad juntos o realizan una adquisición conjunta, esos bienes pueden corresponder a ambas partes, dependiendo de la forma en que hayan sido establecidos.
El jurista también aclaró que existe una creencia popular equivocada sobre que situaciones como una supuesta infidelidad determinan quién recibe o pierde derechos económicos dentro de un divorcio.
Explicó que el comportamiento personal de uno de los cónyuges no modifica automáticamente el régimen patrimonial acordado entre ambos.
Asimismo, señaló que en materia de separación de bienes existen disposiciones legales que deben ser tomadas en cuenta y recomendó a la ciudadanía informarse antes de asumir afirmaciones difundidas en redes sociales.
Código Penal cumple un mes de aplicación
Durante su participación, el abogado también abordó el primer mes de entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano y consideró que todavía es muy temprano para realizar una evaluación definitiva sobre su impacto.
Mateo explicó que actualmente el sistema judicial atraviesa una etapa de adaptación en la que deben familiarizarse jueces, fiscales, abogados y ciudadanos con las nuevas disposiciones.
“El proceso de adaptación es necesario; un mes es muy prematuro para evaluar”, afirmó, al señalar que también existen acciones directas de inconstitucionalidad que están siendo conocidas por el Tribunal Constitucional.
El abogado indicó que uno de los principales retos será lograr que la población conozca el alcance de la nueva normativa y que los operadores del sistema judicial apliquen la ley de manera responsable.
