El 25 de septiembre de 1963, el gobierno constitucional de Juan Bosch fue abruptamente interrumpido por un golpe de Estado cívico-militar que sumió a la República Dominicana en una profunda crisis institucional. Esta asonada, liderada por sectores conservadores, la cúpula militar y respaldada por intereses extranjeros, truncó el proyecto democrático más avanzado de la época, el cual garantizaba amplias libertades públicas y derechos fundamentales.
La interrupción de este mandato legítimo no solo disolvió el Congreso y anuló la Constitución de 1963, sino que instauró un régimen autoritario que sepultó las aspiraciones de justicia social del pueblo dominicano.
La violenta deposición de Bosch dejó una herida imborrable en la historia nacional, marcando el inicio de una etapa de persecución política, censura y represión sistemática contra los movimientos democráticos.
Con este golpe de Estado, las élites tradicionales y las Fuerzas Armadas frenaron la modernización del Estado y la democratización efectiva de la sociedad, postergando el ejercicio pleno de la soberanía popular durante décadas.
Así, la nación experimentó un retroceso político irreversible que culminaría años más tarde en profundas convulsiones sociales, recordándonos el alto costo de defender las instituciones democráticas frente a los intereses mezquinos del autoritarismo.
