Las ejecuciones extrajudiciales no son justicia, son barbarie. Lo que estamos presenciando en la República Dominicana a través de los denominados "intercambios de disparos" de la Policía Nacional y el DICRIM, respaldados y motivados de manera implícita por el gobierno, no es más que la normalización de la pena de muerte por la vía de los hechos.
Esta práctica constituye una violación flagrante del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, principios sagrados garantizados en los artículos 68 y 69 de nuestra Constitución. Nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de actuar como juez, jurado y ejecutor en las calles. La labor policial es arrestar y someter a la justicia, no exterminar.
Detrás de esta política de exterminio solo se esconde la absoluta incapacidad del Estado para proponer soluciones reales a un problema estructural. La delincuencia no cayó del cielo: es el resultado directo de décadas de malas políticas públicas, desigualdad social y abandono institucional.
Desde la era de Trujillo se han implementado una y otra vez estos mismos planes de represión violenta, y la historia ha demostrado que no han dado ni darán resultado. La criminalidad no disminuye matando jóvenes; solo se transforma y se regenera porque sus causas profundas siguen intactas.
Quizás lo más doloroso y preocupante de este escenario es el aplauso de gran parte de la población. Resulta paradójico cómo se celebra la muerte de jóvenes de nuestros barrios vulnerables, mientras se respalda, defiende y vota cada cuatro años por la clase política que les ha robado la esperanza, la educación y las oportunidades a esos mismos muchachos.
Se condena al delincuente de barrio con la muerte, pero se rodea de impunidad, aplausos y protección al corrupto de cuello blanco que se enriquece con los fondos públicos.
La delincuencia, la criminalidad y la inseguridad en nuestro país no se van a erradicar quitándole la vida a los hijos de las familias más pobres. Se combaten con políticas reales de desarrollo social, educación y empleo para la juventud, reformas estructurales que ataquen la raíz del problema y no solo sus consecuencias, firmeza contra la corrupción y enfrentando el robo y la impunidad de quienes dirigen el Estado.
Si de verdad hay voluntad de aplicar la ley y "poner en 29" a los responsables del deterioro de nuestra sociedad, que se comience por la cabeza.
