Las redes sociales cambiaron para siempre la manera de hacer política. Acortaron las distancias, rompieron el monopolio de los grandes medios y permitieron que cualquier ciudadano pudiera expresar su opinión, denunciar un abuso o cuestionar directamente a quienes ejercen el poder. Ese avance es innegable. El problema comenzó cuando algunos descubrieron que esas mismas herramientas también servían para mentir más rápido, destruir reputaciones y fabricar una realidad a conveniencia.
En la política dominicana, buena parte de la discusión pública ha dejado de girar alrededor de las ideas. Ya no siempre importa quién presenta el mejor argumento, sino quién consigue imponer su versión, convertir una falsedad en tendencia o llenar las redes de ataques contra el adversario.
Detrás de muchas de esas acciones no hay ciudadanos indignados ni movimientos espontáneos. Hay campañas anónimas organizadas, cuentas falsas, páginas creadas exclusivamente para difamar y estructuras dedicadas a repetir el mismo mensaje hasta hacerlo parecer verdadero. Son los llamados ejércitos digitales: grupos coordinados que reciben instrucciones sobre qué defender, a quién atacar y cuál tema deben posicionar.
Esas estructuras no están organizadas para debatir ni defender ideas. Su función es desacreditar, provocar y sembrar dudas. Cuando no pueden responder una denuncia, atacan a quien la presenta; si aparece una información incómoda, intentan desviar la conversación. El rumor y el montaje completan el trabajo.
La manipulación tiene métodos cada vez más sofisticados. Se recorta un video para eliminar el contexto, se utiliza una fotografía antigua como si fuera reciente, se atribuye una declaración falsa a una figura pública o se publica una encuesta de origen desconocido para crear una percepción de triunfo. En pocos minutos, cientos de cuentas repiten el contenido y miles de personas terminan compartiéndolo sin comprobar su procedencia.
Los titulares y las encuestas se falsificaban mucho antes de la aparición de la inteligencia artificial. La diferencia es que ahora resulta más fácil copiar el diseño de un periódico, alterar una imagen o fabricar contenidos capaces de engañar incluso a lectores cuidadosos. También se modifican resultados de encuestas o se inventan estudios atribuidos a firmas conocidas, aprovechando que muchas personas solo leen el titular o miran la imagen antes de compartirla. Una captura de pantalla bien hecha puede engañar a miles de personas antes de que el medio afectado tenga tiempo de desmentirla.
Las noticias falsas no necesitan convencer a todo el mundo para cumplir su objetivo. A veces basta con confundir, instalar una sospecha o hacer que la verdad parezca una versión más entre muchas. Esa es una de las consecuencias más peligrosas de la desinformación: llega un momento en que el ciudadano no sabe qué creer y termina desconfiando de todo.
Sería cómodo responsabilizar únicamente a las plataformas. Los algoritmos premian el escándalo, la confrontación y los contenidos que provocan reacciones rápidas. Una mentira cargada de morbo suele viajar más rápido que una explicación responsable. Las plataformas amplifican estos contenidos, pero no deciden por sí solas a quién atacar. Esa decisión se toma fuera de las redes y, con frecuencia, responde a intereses políticos concretos.
Los dirigentes y los partidos políticos no pueden presentarse como víctimas inocentes de un fenómeno que, en muchos casos, ellos mismos alimentan. Algunos condenan públicamente la desinformación mientras mantienen estructuras anónimas para atacar a sus adversarios. Hablan de respeto y democracia en los actos oficiales, pero en privado celebran cada rumor que perjudica al contrario.
Esa doble moral tiene consecuencias. Un partido que utiliza la mentira para ganar una discusión termina perdiendo autoridad para reclamar respeto cuando la mentira se vuelve contra él. Un dirigente que permite campañas de difamación desde su entorno no puede lavarse las manos alegando que desconoce quién está detrás de ellas.
También los ciudadanos tenemos una parte de responsabilidad. Compartir una información sin verificarla puede parecer un acto insignificante, pero contribuye a extender el daño. Antes de reenviar un audio, publicar una captura de pantalla o repetir una denuncia, deberíamos preguntarnos quién produjo ese contenido, qué pruebas presenta y a quién beneficia su difusión.
Eso no significa limitar la crítica ni proteger a los funcionarios y dirigentes del escrutinio público. Al contrario: una democracia necesita cuestionamientos fuertes, denuncias documentadas y periodistas dispuestos a investigar. Lo que no necesita es una conversación dominada por perfiles anónimos, insultos, montajes y acusaciones que nadie se atreve a firmar.
La libertad de expresión protege el derecho a opinar y a cuestionar el poder. No concede licencia para inventar hechos ni para destruir la honra ajena desde una cuenta falsa. Confundir una cosa con la otra solo beneficia a quienes utilizan el anonimato como refugio.
Los partidos deberían establecer reglas claras para sus equipos de comunicación y asumir públicamente el compromiso de no financiar campañas anónimas ni redes dedicadas a la difamación. Además, tendrían que identificar a sus voceros digitales, corregir las informaciones falsas que circulen desde su propio entorno y sancionar a quienes recurran a esas prácticas.
Eso sería lo correcto. Pero en política no siempre se hace lo correcto; muchas veces se hace lo que da votos.
La degradación del debate se nota cuando cualquier crítica termina en un pleito personal. En vez de responder lo que se está denunciando, se busca desacreditar al que habló y convertirlo en enemigo. De esa manera no se discuten soluciones ni se aclara nada.
El resultado es una ciudadanía menos informada y más enfrentada. La discusión termina girando alrededor de personas y banderías, mientras lo verdaderamente importante queda fuera. Con tanto ataque de por medio, cada vez resulta más difícil separar los hechos de la propaganda.
En medio de ese pleito, a la gente se le hace difícil saber qué fue lo que realmente pasó. Cada sector habla para los suyos, ataca al contrario y rechaza cualquier información que no le convenga. Al final, muchos terminan tomando partido sin tener todos los elementos.
Al final, esto no se resuelve con discursos sobre ética digital. Se resuelve dejando de financiar cuentas falsas y de premiar al que difama. Mientras esas prácticas den resultados, habrá dirigentes dispuestos a utilizarlas. Y mientras los partidos las permitan, tendrán que responder por ellas.
Si un dirigente tolera una campaña de difamación porque le suma votos, ya tomó una decisión: puso su interés político por encima de la verdad. Después no puede hablar de respeto, democracia ni juego limpio.
El autor: Dirigente político y comunicador
