Tomado de El Pregonero
Santo Domingo.– Una disputa interna sacude a la Fuerza del Pueblo (FP) en el municipio de La Victoria, donde 11 dirigentes de la organización acudieron ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para solicitar la revocación y nulidad de una resolución emitida por la Comisión Especial de Reservas y Consenso que modifica la composición de la Dirección Ejecutiva Municipal.
La demanda está dirigida contra la Fuerza del Pueblo y su Comisión Especial de Reservas y Consenso y procura dejar sin efecto la resolución del 14 de agosto de 2026, firmada por el secretario general de la organización, Antonio Florián. Los accionantes también solicitaron como medida cautelar impedir la juramentación y toma de posesión de los dirigentes incorporados mediante esa decisión mientras el TSE conoce el fondo del conflicto.
El punto central de la controversia es la decisión de ampliar de 14 a 20 integrantes la Dirección Ejecutiva Municipal de La Victoria. Los demandantes sostienen que la estructura correspondiente está conformada por 14 miembros y alegan que la Comisión Especial agregó seis dirigentes sin seguir el procedimiento que, a su juicio, establecen los estatutos y reglamentos partidarios.
Según la instancia, la actual Dirección Ejecutiva Municipal fue escogida el 28 de enero de 2026 mediante los procedimientos internos correspondientes. Los reclamantes presentan documentación del pleno municipal y sostienen que los 14 cargos establecidos fueron cubiertos mediante ese proceso.
La acción adquiere mayor dimensión debido a que quienes recurren representan 11 de los integrantes de la estructura municipal cuestionada. Entre los demandantes figuran Maximina Rudecindo Adón, Wilton Alejandro Gutiérrez Cepeda, Alejandra de la Nieve Peña Pascal, Fausto Antonio Girón Paredes, Alejandro González Sabino, Santo Cleto, Elbi Jiménez Reyes, Porfilia Beltrán Hernández, Alejandro Astacio Alcántara, Ilbin Antonio Díaz García, Teódulo Nicolás de Paula y Pedro Brito Bidó, según consta en el documento depositado.
Los dirigentes aseguran que antes de acudir al TSE agotaron gestiones internas para lograr que la resolución fuera dejada sin efecto. Señalan que posteriormente formalizaron su reclamo mediante la Comisión de Justicia Electoral y otras instancias de la Fuerza del Pueblo, pero que esas diligencias no produjeron una solución.
Pese al enfrentamiento, los reclamantes aseguran que su acción “no busca excluir ni perjudicar a ningún compañero”, sino defender la institucionalidad partidaria, la democracia interna, la dirección colectiva y el cumplimiento de las normas.
En el manifiesto incluido en la demanda sostienen que la unidad de la FP debe construirse sobre el respeto a la Constitución, las leyes, los estatutos y reglamentos internos, y aseguran que agotarán las instancias correspondientes hasta que sea revisada la resolución del 14 de agosto.
El conflicto coloca ahora en manos del Tribunal Superior Electoral una disputa que comenzó dentro de las estructuras de la Fuerza del Pueblo en La Victoria y que evidencia diferencias entre una parte mayoritaria de la dirección municipal y la decisión adoptada por instancias superiores de la organización.
