La familia manifestó que, después de más de treinta años de gestiones y procesos judiciales, continúa a la espera de una solución que garantice el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las decisiones judiciales aplicables.
Asimismo, sostiene que la negociación mediante la cual INAPA adquirió los terrenos fue fraudulenta, señalando que su reclamo está respaldado por decisiones del Tribunal de Tierras y de la Suprema Corte de Justicia.
Los reclamantes precisaron que su objetivo es distinguir los bienes y valores recibidos anteriormente de las obligaciones que todavía pudieran estar pendientes por parte de las instituciones correspondientes, a fin de establecer con claridad cada concepto y evitar duplicidades.
Solicitan intervención de Bienes Nacionales, INAPA y el Gobierno
La familia Batista Luperón solicitó a la Dirección General de Bienes Nacionales y al INAPA que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y conforme a las decisiones judiciales aplicables, determinen y resuelvan el pago que legalmente corresponda por los terrenos ocupados o su devolución, según proceda en derecho.
De igual manera, pidió al Gobierno dominicano facilitar la coordinación entre las instituciones competentes para alcanzar una solución definitiva, respetando las atribuciones de los tribunales y el cumplimiento de sus decisiones.
Los herederos expresaron su preocupación por el prolongado tiempo transcurrido sin que se haya resuelto satisfactoriamente el conflicto, señalando que muchos integrantes de la familia han envejecido y otros han fallecido mientras esperaban una respuesta a sus reclamaciones.
“No queremos que otra generación muera esperando. No pedimos un favor: exigimos el respeto de nuestros derechos”, expresaron los reclamantes al reiterar su llamado a las autoridades.
Finalmente, advirtieron que continuarán ejerciendo las acciones judiciales, administrativas y de expresión pública que correspondan, de manera pacífica y dentro del marco legal, hasta procurar una solución definitiva a la situación que afecta a los sucesores de José Altagracia Batista.
La familia reiteró que su propósito es obtener una respuesta institucional y documentada que permita esclarecer las reclamaciones pendientes y poner fin a un conflicto que, según sostiene, lleva más de tres décadas sin una solución definitiva.
