SANTO DOMINGO: El Ministerio de Trabajo otorgó un plazo de 30 días calendario a los propietarios y operadores de bancas de lotería y apuestas de todo el país para adecuar sus establecimientos a las disposiciones del Código de Trabajo, las normas de seguridad y salud laboral y las obligaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
La medida, suscrita por el ministro Eddy Olivares Ortega, responde a las condiciones en que laboran miles de empleados del sector, especialmente mujeres que permanecen durante largas jornadas en pequeñas casetas que, en muchos casos, carecen de instalaciones sanitarias y otras condiciones básicas.
Según datos ofrecidos por la institución, el sector emplea aproximadamente a 200,000 personas en más de 110,000 bancas, cuya fuerza laboral está compuesta mayoritariamente por mujeres.
El Ministerio advirtió que durante las inspecciones se verificará la disponibilidad de baños adecuados, agua potable, ventilación, iluminación, asientos ergonómicos, botiquines de primeros auxilios y extintores, además de las condiciones generales de higiene y seguridad.
Asimismo, los inspectores comprobarán el pago del salario mínimo correspondiente, el cumplimiento de las jornadas laborales y los períodos de descanso, así como la inscripción de los empleados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
La institución explicó que, durante los 30 días establecidos, ofrecerá orientación para facilitar la adecuación voluntaria de los negocios. Sin embargo, aclaró que las obligaciones legales seguirán vigentes y que podrá intervenir de inmediato cuando detecte situaciones que pongan en riesgo la salud o seguridad de los trabajadores.
Una vez vencido el plazo, el Ministerio intensificará los operativos de inspección a nivel nacional para identificar incumplimientos y aplicar los procedimientos correspondientes conforme a la legislación vigente.
Finalmente, la entidad reiteró que el tamaño de los establecimientos o su condición de informalidad no justifican el incumplimiento de los derechos laborales, al tiempo que exhortó a los propietarios de bancas a garantizar condiciones dignas, seguras y ajustadas a la ley para sus empleados.
