La oposición dominicana no puede llegar al 2028 dividida por los mismos rencores que hoy dificultan su entendimiento. Si pretende sacar al PRM del poder, tendrá que asumir que la realidad electoral exige concertación y que ninguna aspiración personal está por encima de las necesidades del país.
El descontento ciudadano, por sí solo, no gana elecciones. Una familia puede estar decepcionada del Gobierno y, aun así, no confiar en quienes aspiran a sustituirlo. Por eso, denunciar las deficiencias del oficialismo resulta necesario, pero insuficiente. La oposición necesita organización, propuestas creíbles y una concertación política que permita convertir el malestar en una voluntad de cambio.
El gobierno del PRM debe responder por su incapacidad para resolver problemas fundamentales. Los apagones constituyen un problema nacional que afecta a familias, comerciantes y sectores productivos en distintas provincias del país. Cada interrupción perjudica al pequeño negocio que depende de la refrigeración, al estudiante que necesita terminar una tarea y al hogar que busca descansar después de una jornada de trabajo. La población sigue esperando un servicio estable, mientras recibe explicaciones que no resuelven lo que vive diariamente.
El alto costo de la vida se siente cada vez que una familia compra menos con el dinero que antes le alcanzaba. La inseguridad se expresa en el temor de salir temprano a trabajar o regresar de noche a casa. Frente a esas realidades, el gobierno del PRM sigue debiendo respuestas que la población pueda sentir en su bolsillo y en su tranquilidad.
El PRM llegó al poder prometiendo una forma distinta de gobernar. Por eso, las denuncias de corrupción que afectan a su administración deben recibir respuestas claras, investigaciones y consecuencias cuando correspondan. El PRM prometió acabar con la corrupción, no perseguir la de otros y hacerse de la vista gorda con la de los suyos.
No se trata de mendigar una alianza. Se trata de entender que la realidad se impone a los deseos, a la soberbia y a la dejadez de algunos dirigentes de los partidos de oposición. Ninguna organización puede diseñar su estrategia como si las demás no existieran, ni esperar que el descontento ciudadano le entregue el poder sin construir los acuerdos necesarios para ganar. Deponer las actitudes de odio y los rencores personales es una responsabilidad con la población que espera una alternativa al gobierno del PRM.
Aunque algunos peledeístas lo quieran negar, a la Fuerza del Pueblo y al PLD los unen lazos históricos, de amistad y de trabajo político construidos durante décadas. Las diferencias que provocaron su separación no borran los años de lucha compartida ni los vínculos entre sus dirigentes y militantes. Esa historia común debe pesar más que cualquier rencor a la hora de concertar esfuerzos por el bienestar colectivo. El país está por encima de todos nosotros, y ninguna herida personal puede valer más que el futuro de la República Dominicana.
Al discutir el futuro de la oposición, tampoco debe perderse la memoria política: bajo el gobierno del PRM, el Ministerio Público sometió a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, Jean Alain Rodríguez, a los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Carmen Magalys Medina, a su exjefe de seguridad, Adán Cáceres, y a otros exfuncionarios de las administraciones del PLD.
La Fuerza del Pueblo está encabezando la oposición dominicana, y esa posición conlleva la responsabilidad de impulsar una concertación política capaz de sacar al PRM del poder en 2028. Su liderazgo debe servir para reunir voluntades, construir acuerdos y presentar una alternativa de gobierno que responda a las necesidades del país. El PLD también conserva un espacio político y territorial que debe ser reconocido. La Fuerza del Pueblo, como principal fuerza opositora, tiene la responsabilidad de impulsar un entendimiento que aproveche las fortalezas de ambas organizaciones.
Esa concertación debe comenzar por las elecciones municipales del 20 de febrero de 2028. El acuerdo debe procurar candidaturas comunes en todos los municipios y distritos municipales: alcaldías y vicealcaldías, regidurías, direcciones y subdirecciones de distritos municipales, así como vocalías. No basta con anunciar una alianza nacional si, en cada territorio, las organizaciones terminan enfrentándose por las mismas posiciones.
Para lograrlo, habrá que establecer reglas claras y aceptadas por todos: valorar el arraigo comunitario, la capacidad de gestión, la integridad y el respaldo real de los aspirantes. Donde una organización tenga mejores posibilidades, las demás deben poder acompañarla sin interpretar esa decisión como una derrota. Las candidaturas comunes deben construirse para ganar y gobernar bien, no para satisfacer cuotas de dirigentes desconectados de sus comunidades.
Febrero tendrá una importancia que excede lo municipal. Una oposición capaz de trabajar unida en los territorios podrá llegar a mayo con mayor confianza y experiencia de coordinación. Pero sería un error creer que los votos de los partidos se suman automáticamente. Una alianza puede perder apoyo si presenta candidatos cuestionados, excluye a sus bases o parece un reparto de cargos. El acuerdo debe convencer también a quienes no militan en ninguna organización.
Una vez concretada la alianza municipal, el siguiente paso debe ser un acuerdo congresual con candidaturas comunes a las senadurías y listas conjuntas para las diputaciones. Hay que evitar los errores de la mal negociada alianza Rescate RD, que dejó fuera del acuerdo las diputaciones y permitió que sus integrantes compitieran con candidaturas separadas. Una concertación que une esfuerzos para las senadurías, pero divide el voto opositor para las diputaciones, deja a medio camino el propósito de enfrentar unidos al PRM.
Finalmente, la concertación debe alcanzar las elecciones presidenciales, procurando una candidatura común a la presidencia y la vicepresidencia. Si no se logra ese acuerdo para la primera vuelta y ninguno de los candidatos obtiene la mayoría necesaria para ganar, debe quedar establecido desde antes que la organización opositora que termine en tercer lugar apoyará a la que pase a segunda vuelta frente al PRM. El objetivo es sacar al PRM del poder para trabajar por el bienestar colectivo, y ese propósito debe pesar más que las aspiraciones particulares.
Leonel Fernández y Omar Fernández aparecen al frente de las preferencias opositoras en diversas encuestas, y algunas mediciones los colocan por encima de posibles candidatos del oficialismo. “Dato mata relato”. Ese respaldo debe ser tomado en cuenta al negociar: las candidaturas deben responder a sus posibilidades reales de ganar, no al orgullo de quienes prefieran desconocerlas.
Por eso, la concertación necesita compromisos públicos sobre electricidad, costo de la vida, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. La población debe saber qué se propone cambiar, cómo se hará y cómo podrá exigir resultados. Sacar al PRM del poder tiene que conducir a una mejor gestión del país; de lo contrario, la alianza habrá servido a sus dirigentes y habrá defraudado a sus electores.
Si la oposición llega dividida al 2028 por soberbia o rencores personales, sus dirigentes tendrán que asumir la responsabilidad de haber facilitado la continuidad del PRM. No podrán culpar únicamente al Gobierno cuando ellos mismos fueron incapaces de construir los acuerdos necesarios para derrotarlo.
El autor es: Dirigente político y comunicador
