SANTO DOMINGO: El abogado Víctor Eddy Mateo advirtió que ninguna institución pública , juez o autoridad del Estado puede atribuirse facultades que no estén contempladas en el ordenamiento jurídico dominicano, al considerar que el respeto al principio de legalidad es indispensable para garantizar la seguridad jurídica y evitar actuaciones arbitrarias en los poderes públicos .
Durante una participación en el programa El Sol de la Mañana , el jurista explicó que, a diferencia de otros sistemas jurídicos donde los precedentes judiciales tienen un papel determinante, en República Dominicana las actuaciones de las autoridades deben estar fundamentadas en la Constitución y las leyes.
“La principal fuente del ordenamiento jurídico dominicano es la ley ”, afirmó Mateo , al destacar que el país no se rige por el sistema anglosajón conocido como common law, donde las decisiones judiciales anteriores tienen una influencia significativa en la resolución de nuevos casos.
El abogado sostuvo que existe una diferencia fundamental entre las libertades reconocidas a los ciudadanos y las atribuciones que pueden ejercer las instituciones estatales.
“Lo que no está prohibido está permitido, pero eso es para los particulares . La administración , el Estado , los poderes del Estado no pueden prevalecer de su propia falta”, expresó.
En ese sentido, aclaró que las instituciones públicas solo pueden ejercer las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico, por lo que ningún funcionario puede justificar una actuación simplemente porque no existe una prohibición expresa.
Este planteamiento guarda relación con el artículo 40, numeral 15, de la Constitución dominicana, que protege la libertad de las personas frente a obligaciones o prohibiciones no establecidas legalmente, así como con el principio de juridicidad contemplado en la Ley 107-13 , que somete la actuación administrativa al ordenamiento jurídico.
Cuestiona creación de figuras jurídicas mediante interpretaciones judiciales
Uno de los planteamientos más enfáticos del jurista estuvo relacionado con los límites de la interpretación judicial y la imposibilidad, según su criterio, de sustituir las disposiciones legales mediante apreciaciones subjetivas.
“El principio de legalidad no admite la creación jurisprudencial de absolutamente nada”, manifestó.
Mateo argumentó que los jueces deben fundamentar sus decisiones en las normas vigentes y evitar que interpretaciones personales se conviertan en mecanismos para establecer obligaciones , facultades o figuras jurídicas sin respaldo legislativo .
Asimismo, insistió en que las interpretaciones doctrinales no pueden sustituir las disposiciones aprobadas por el legislador .
A su entender, aunque los tribunales tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes , esa función debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la Constitución .
Sus declaraciones constituyen una interpretación jurídica sobre los alcances del principio de legalidad y el papel de la jurisprudencia en el sistema dominicano .
Denunciar una cultura de actuaciones fuera de las competencias legales
Durante la conversación, Mateo también cuestionó lo que considera una práctica arraigada en distintas administraciones públicas, cuyos funcionarios , según afirmó, suelen atribuirse competencias que no les corresponden.
El abogado sostuvo que se trata de un comportamiento cultural que ha persistido durante diferentes gobiernos y que resulta incompatible con las exigencias del Estado constitucional de derecho .
A su juicio, la Constitución de 2010 marcó un punto de referencia para fortalecer los límites del ejercicio del poder público y exigir mayor responsabilidad a quienes dirigen instituciones estatales.
“ Usted no puede en un Estado de derecho hacer lo que a usted le da la gana ni lo que usted piense”, expresó.
Mateo insistió en que este principio no debe aplicarse únicamente al Poder Ejecutivo , sino también al Legislativo y al Judicial , respetando las competencias constitucionales de cada uno.
El jurista demostró necesario que los funcionarios comprendan que sus criterios personales, por razonables que puedan parecer, no reemplazan las facultades establecidas por las leyes .
En otra orden, el abogado abordó el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia , cuya continuación está prevista para el lunes 2 de noviembre, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna para avanzar en la elección de seis magistrados.
Mateo expresó que espera una decisión consensuada que responda a los intereses institucionales del país y garantice la independencia de quienes asumirán funciones en el máximo tribunal ordinario.
También valoró las condiciones profesionales del magistrado Justiniano Montero , a quien describió como un servidor judicial con trayectoria y méritos para ocupar responsabilidades de dirección dentro del Poder Judicial .
Sin embargo, evitó anticipar una decisión sobre quién encabezará la Suprema Corte .
El abogado manifestó que quien asuma esa responsabilidad durante los próximos siete años debe mantener una relación cercana con los integrantes del sistema judicial , promover el respeto institucional y actuar con independencia de los sectores políticos.
Asimismo, es necesario garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres entre los magistrados seleccionados.
En ese sentido, planteó que, de los seis cargos sometidos a evaluación, al menos tres podrían ser ocupados por mujeres , tomando en cuenta la preparación y experiencia de numerosos profesionales que integran el Poder Judicial .
También cuestiona actuaciones de la familia Bolsonaro en Brasil
En la parte final de su intervención, Mateo abordó la situación política y judicial de la familia Bolsonaro en Brasil , expresando fuertes críticas hacia las decisiones adoptadas por algunos de sus integrantes ante los procesos judiciales que enfrentan.
El jurista analizó las posibles consecuencias penales derivadas de distintas acusaciones y sostuvo que las personas sometidas a procesos judiciales deben responder ante los tribunales correspondientes.
Durante su exposición hizo referencia a figuras del derecho penal brasileño , como el concurso de delitos , para explicar cómo distintas infracciones pueden incidir en una eventual condena.
También comparó la situación con los procesos judiciales enfrentados por el presidente estadounidense Donald Trump , como parte de su argumento sobre la responsabilidad de los dirigentes políticos de comparar ante la justicia .
