Hay dirigentes políticos que pasan años organizando reuniones, buscando votos y defendiendo a su partido sin conseguir siquiera que sus propuestas sean escuchadas. Sin embargo, cuando llega el momento de repartir las candidaturas o presentar los nombres para ocupar cargos públicos, aparecen el hijo del presidente, la hermana, la esposa o algún otro pariente. Al dirigente que hizo el trabajo le piden paciencia. Para el familiar siempre encuentran una posición.
En nuestro país, algunas organizaciones políticas han desarrollado una concentración familiar que merece ser discutida con nombres y hechos. No porque sean pequeñas, ni porque sus dirigentes tengan menos derechos que los de los partidos grandes, sino porque una organización que recibe respaldo ciudadano y recursos públicos tiene que responder ante algo más que los intereses de quienes la encabezan.
El caso de la Unión Demócrata Cristiana permite entender el cuestionamiento. En las elecciones de 2024, Krimilda Acosta San Miguel, hija de Luis Acosta Moreta, presidente de esa organización, resultó electa diputada al Parlamento Centroamericano. Como suplente quedó Delsia Magnolia Acosta Moreta, hermana del dirigente. La representación titular y la suplencia quedaron, así, dentro de la misma familia.
También está el Partido de Acción Liberal, presidido por Maritza López de Ortiz, designada por Luis Abinader como presidenta del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo mediante el decreto 488-24. Su hija, Michelle Ortiz López, presidenta en funciones del partido, fue electa diputada al Parlamento Centroamericano para el período 2024-2028. La propia Maritza quedó como suplente de su hija. Madre e hija reunían así la conducción partidaria, una responsabilidad en el Gobierno y la representación titular y suplente ante el Parlacen.
Algo semejante ocurrió en el Partido de Unidad Nacional. Pedro Corporán Cabrera, presidente y fundador de esa organización, tenía como suplente en el Parlacen a su hijo, Pedro Claudio Corporán Rivera. Cuando el padre falleció, en abril de 2025, el hijo asumió la posición. A esto se suma su hija, Omara Corporán, nombrada por el presidente Luis Abinader como cónsul general de la República Dominicana en Chicago mediante el decreto 573-25, del 20 de octubre de 2025. Se cumplió el mecanismo de sustitución previsto, pero eso no elimina la pregunta política: ¿por qué la oportunidad de sustituir al presidente del partido también debía corresponderle a su descendiente?
La concentración familiar también aparece en la dirección partidaria y en el Congreso Nacional. Jorge Manuel Zorrilla González, hijo del presidente del Partido Cívico Renovador, Jorge Zorrilla Ozuna, quien también ocupa la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, tras ser designado por Abinader mediante el decreto 475-25, figuraba como presidente en funciones de esa organización cuando inscribió su candidatura a diputado nacional. Antes había sido regidor del Distrito Nacional entre 2010 y 2016. Las actas de la Cámara de Diputados de 2025 lo registran como legislador. Son posiciones distintas, en períodos diferentes, que muestran la presencia de una misma familia en la conducción partidaria y la representación pública.
En La Vega también están los Genao. Ramón Rogelio Genao Durán, senador y vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, comparte la representación congresual de la provincia con su hijo, el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza. Aunque el hijo renunció al PRSC el 24 de octubre de 2026 y se declaró independiente, ambos llegaron al Congreso desde el reformismo. Son cargos ganados en las urnas, pero su coincidencia permite examinar cuánto influye la estructura política de un dirigente en las oportunidades que reciben sus familiares frente a otros aspirantes del partido.
En el ámbito municipal está Karina Aristy, quien asumió la presidencia del Partido Liberal Reformista después de la muerte de su padre, Amable Aristy Castro. También ganó la Alcaldía de Higüey para el período 2024-2028. Su elección fue decidida por los votantes; sería incorrecto presentar una alcaldía ganada en las urnas como si fuera un nombramiento familiar. Lo que corresponde examinar es cuánto pesa el control de la organización y la estructura política acumulada por una familia en las oportunidades de los demás aspirantes.
En la familia De Camps también coincidieron varias responsabilidades durante el Gobierno de Abinader. Luis Miguel De Camps, hijo de Hatuey De Camps y presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, fue ministro de Trabajo entre 2020 y 2025 y actualmente es ministro de Educación. Su hermana paterna, Milagros Marina De Camps Germán, ocupó un viceministerio en Medio Ambiente desde 2020 hasta su renuncia en agosto de 2024. La madre de esta, Milagros Germán, exesposa de Hatuey, fue directora de Comunicación y vocera de la Presidencia y, posteriormente, ministra de Cultura hasta enero de 2025. Aunque las dos últimas ya salieron del Gobierno, los tres coincidieron durante varios años en responsabilidades públicas.
La participación familiar en el Gobierno tampoco comenzó con la administración actual. Hasta su renuncia en 2015, Marino Vinicio Castillo dirigía Ética e Integridad Gubernamental, mientras su hijo Pelegrín Castillo ocupaba el Ministerio de Energía y Minas. Ambos eran, además, presidente y primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Cuando Pelegrín fue nombrado ministro en 2014, la Cámara de Diputados escogió a su hermano Vinicio Castillo Semán para ocupar la curul que dejó vacante. El padre y uno de sus hijos estaban en el Gobierno, mientras el otro hijo sustituía a su hermano en el Congreso.
Y este señalamiento tiene que alcanzar también a quienes han sido aliados de la oposición. En 2017, José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque Institucional Social Demócrata, era diputado al Parlacen, mientras su hijo José Francisco Peña Tavárez dirigía la Lotería Nacional. En 2024, el hijo encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales del BIS y figuraba como presidente en funciones de la organización. No podemos cuestionar estas prácticas en una alianza y justificarlas cuando ocurren cerca de nosotros.
Tener un apellido conocido no incapacita a nadie para servir. Un hijo puede tener preparación, una hermana puede desarrollar liderazgo y una esposa puede ganarse legítimamente el respaldo de una comunidad. El parentesco, por sí solo, no demuestra corrupción ni falta de capacidad. Pero tampoco puede utilizarse esa verdad para evadir el examen de cómo se escogen las candidaturas, quién negocia las posiciones y qué oportunidades tienen los dirigentes que no pertenecen a la familia.
Ahí está el problema para las bases. ¿Cómo compite un compañero con veinte años de trabajo frente al hijo de quien controla la dirección, participa en la negociación de la alianza y propone los nombres para los cargos? Puede presentar una mejor trayectoria y conocer más las necesidades de su comunidad. Aun así, su aspiración depende de una decisión tomada por quienes tienen un interés familiar en el resultado.
La práctica también alcanza a los partidos mayoritarios. El 28 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados escogió y juramentó a Minerva Frías Ogando para sustituir a su padre, el fallecido diputado del PRM Jorge Frías. El vocero oficialista pidió elegirla por encabezar la terna y la propuesta recibió el respaldo de otras bancadas. Aunque sus defensores destacaron su trayectoria política, cabe preguntar qué oportunidades tuvieron los demás dirigentes de esa demarcación y cuáles fueron los criterios para preferirla. El cuestionamiento también alcanza a una oposición que respalda estas decisiones sin exigir que se expliquen ante los ciudadanos.
Los partidos mayoritarios también tienen responsabilidad. Cuando aceptan que las posiciones de una alianza se distribuyan sin explicar los criterios de selección, ayudan a sostener esa concentración. Después hablan de renovación y participación, aunque hayan dejado fuera de la negociación a los mismos dirigentes que buscaron los votos.
Una organización pequeña puede representar ideas necesarias y defender sectores olvidados. Precisamente por eso resulta tan grave que sus oportunidades terminen concentradas entre parientes. Se perjudica al militante, se desalienta al joven que quiere participar y se le da al ciudadano otra razón para desconfiar de la política.
Quien lleva años trabajando para su partido tiene derecho a aspirar sin tener que pedirle permiso a una familia. Y quien dirige una organización debe entender que sus compañeros no están ahí para asegurarles el futuro a sus hijos. Si las bases ponen el esfuerzo, buscan los votos y sostienen al partido en los momentos difíciles, no es aceptable que, a la hora de ocupar las posiciones, les toque siempre mirar cómo los cargos quedan entre los familiares de quienes dirigen el partido.
El autor: Dirigente político y comunicador
